Una coalición de fiscales y gobernadores presentó una demanda contra el Gobierno de Donald Trump por las nuevas condiciones impuestas a las subvenciones federales del Título X, que según los demandantes penalizan a los estados que no se alineen con las prioridades políticas de la administración.
Una coalición de 23 fiscales y gobernadores presentó este jueves una demanda contra el Gobierno del presidente Donald Trump por los cambios implementados en las asignaciones federales destinadas a servicios de planificación familiar y salud reproductiva. Según los demandantes, las nuevas condiciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para las subvenciones del Título X del año fiscal 2027, publicadas el mes pasado, castigan a los estados que no se alineen con las posturas políticas de la administración.
El Título X es la única fuente de financiamiento federal dedicada específicamente a apoyar métodos y servicios de planificación familiar, tales como anticoncepción, servicios para la infertilidad, acceso a control de la natalidad, pruebas y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y detección de cáncer a estadounidenses de bajos ingresos.
Los demandantes argumentan que las nuevas condiciones establecidas por el HHS son inconstitucionales porque penalizan a los estados y proveedores que no cumplan con las prioridades del Gobierno Trump. La Casa Blanca se ha negado a financiar políticas de diversidad y que reconozcan las identidades transgénero y las necesidades médicas específicas de este grupo. La medida del HHS señala que los beneficiarios que dejen de cumplir con las prioridades del departamento podrían perder la totalidad de sus respectivas subvenciones.
El fiscal general de California, Rob Bonta, quien encabeza la demanda, declaró en un comunicado: «El Título X busca hacer accesibles la planificación familiar y la atención reproductiva para todos; sin embargo, el presidente Trump intenta utilizar condiciones de sesgo ideológico para desmantelar esta red de seguridad, históricamente bipartidista, y convertirla en un arma política».
Los fiscales generales de Nueva York, Maryland, Massachusetts, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin, así como los gobernadores de Pensilvania y Kentucky, se unieron a California para presentar la querella legal.