Más de 170.000 inmigrantes salvadoreños enfrentan la posibilidad de deportación a partir del 9 de septiembre, tras la revocación judicial del Estatus de Protección Temporal (TPS).
Para más de 170.000 inmigrantes salvadoreños, el Estatus de Protección Temporal (TPS) llega a su fecha límite el 9 de septiembre. La medida fue revocada por un fallo judicial, lo que habilita al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a ejecutar detenciones y deportaciones.
La directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (Asosal), Teresa Tejada, declaró a la agencia EFE: “La gente está atemorizada”. La asociación impulsó las renovaciones del amparo otorgado en febrero de 2001 a El Salvador, tras los dos terremotos que afectaron al país ese año.
El origen de la situación es el fallo de la jueza federal Ana C. Reyes, que revocó el TPS para la comunidad haitiana, que incluía a más de 350.000 migrantes. La resolución se alinea con la doctrina establecida en junio por la Corte Suprema de los Estados Unidos, que determinó por mayoría de 6 a 3 que los tribunales federales no tienen competencia para revisar las decisiones del Poder Ejecutivo sobre la cancelación de este programa humanitario.
La orden de la jueza Reyes confirmó que la protección humanitaria queda sin efecto, aunque habilita a los equipos legales de los demandantes a continuar el litigio de fondo para determinar si la administración actuó con motivaciones de discriminación racial al cancelar el programa. La eliminación de la medida cautelar privó a los beneficiarios de sus permisos de residencia y trabajo legal.
Asosal informó que “muchos salvadoreños obtuvieron su TPS en el 2001, pero antes de esa fecha tuvieron algún encuentro con la Patrulla Fronteriza (CBP) o ICE, o les rechazaron alguna aplicación”. Con la terminación del TPS, “esos registros viejos saldrán a la luz y podrían tener graves consecuencias legales”.
Ante una posible deportación, Asosal recomienda presentar una solicitud bajo la Freedom of Information Act (FOIA) para obtener una copia del historial migratorio. Esto permite “saber exactamente qué información tiene el gobierno sobre la persona involucrada”. Además, “al revisar tu FOIA con un abogado de inmigración, la persona podrá conocer exactamente a qué te expones y, lo más importante, si tienes el camino libre para buscar otros alivios migratorios permanentes (como peticiones familiares o de empleo)”.
El Registro Federal indica que el TPS para El Salvador fue extendido por 18 meses desde el 10 de marzo de 2025 hasta el 9 de septiembre de 2026. El DHS podría considerar una prórroga de último momento.