Más de diez organizaciones de derechos humanos exigieron el cese de las operaciones militares estadounidenses contra embarcaciones ecuatorianas en el Pacífico, que incluyen abordajes y destrucción de barcos pesqueros.
Más de una decena de organizaciones defensoras de los derechos humanos de Ecuador exigieron este lunes el cese de los ataques que militares estadounidenses llevan a cabo en aguas del Pacífico contra embarcaciones ecuatorianas, señaladas por supuestos vínculos con el narcotráfico y el grupo criminal Los Choneros.
En un comunicado, las organizaciones expresaron su «profunda preocupación» por la escalada de operaciones, al menos cinco desde el 28 de agosto, que incluyen «abordaje violento, privación ilegal de la libertad, desaparición forzada temporal, tortura y destrucción de embarcaciones pesqueras ecuatorianas», según el texto.
Estas operaciones se realizan en coordinación con el Gobierno ecuatoriano, según señalaron el Comando Sur estadounidense y el Ministerio de Defensa de Ecuador.
«Los hechos documentados ya no pueden ser tratados como episodios aislados pues existe una secuencia reiterada de intervenciones en rutas marítimas utilizadas habitualmente para faenas de pesca, incluidas aguas internacionales entre la zona económica exclusiva continental del Ecuador y la zona económica exclusiva de Galápagos», añadieron.
Los grupos contabilizan ocho ataques a embarcaciones ecuatorianas desde enero pasado, incluido uno con ocho desaparecidos. Estados Unidos y Ecuador reconocieron cinco operaciones entre finales de agosto y este lunes.
Según The Washington Post, otros tres ataques a pesqueros entre enero y marzo formaron parte de una operación encubierta de la CIA, independiente de la campaña contra el narcotráfico que EE.UU. realiza desde septiembre de 2024 en el Caribe y el Pacífico, donde se destruyeron decenas de lanchas y murieron más de doscientas personas.
Las organizaciones indicaron que el Gobierno ecuatoriano asegura que las operaciones se basan en investigaciones e información de inteligencia, pero «no existe ningún proceso judicial o investigativo formal que sostenga dichas acusaciones».
El sábado, un juez liberó a 28 pescadores detenidos en dos operaciones realizadas el miércoles y jueves, porque la Fiscalía no probó sospechas de delito.
«La sospecha de una actividad ilícita no convierte a una persona en objetivo militar ni habilita la desaparición, la tortura, los tratos crueles o la destrucción automática de sus medios de trabajo», afirmaron los defensores, que contabilizaron al menos 143 pescadores involucrados.
Los grupos declararon persona non grata al jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan, y pidieron que se investigue en EE.UU. su posible participación en violaciones de derechos humanos o crímenes internacionales.
También exigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares colectivas urgentes para la comunidad pesquera de la provincia de Manabí, de donde son los capturados.