El oficialismo nacional anunció que impulsará el juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, suspendió por 60 días la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La medida generó reacciones en el oficialismo nacional, que anunció la promoción de un juicio político contra la magistrada.
Sebastián Pareja, titular de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, afirmó que el oficialismo trabajará con sus equipos técnicos para avanzar en el mecanismo de destitución. “Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad reclama”, declaró Pareja.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, calificó el fallo como “una barbaridad” y manifestó su acuerdo con el pedido de juicio político. “No puede ser que la Justicia defienda la impunidad de los delincuentes, ¿qué le decimos a los familiares de las víctimas de esos menores?”, expresó Santilli.
Pareja también sostuvo que la jueza “actúa como un peón del gobernador de la provincia, Axel Kicillof, y no cumple con las características básicas que debe reunir un magistrado”. Además, añadió que “no puede anteponer una mirada política respecto a una ley demandada por la gente y votada en el Congreso”.
Carlos Curestis, presidente del bloque de senadores libertarios, manifestó que la decisión “deja más que en claro de qué lado están” y que “la Justicia bonaerense lo único que logró con esta decisión es seguir garantizando la impunidad de los delincuentes”.
Juan Osaba, jefe del bloque de Diputados provinciales de La Libertad Avanza, expresó que “es inadmisible” que un fallo suspenda la ley penal juvenil “dándole la espalda” a las víctimas. “Acá no hay argumento que sirva. Es una ley aprobada por el Congreso Nacional y vamos a llevarla a juicio político por esta decisión”, concluyó.
Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, rechazó el fallo a través de sus redes sociales y calificó la medida de “garantismo bobo”. Pullaro remarcó que los jueces deben hacer cumplir las leyes y destacó la preparación de Santa Fe para aplicar la normativa.