El yacimiento Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, comenzaría a producir petróleo en marzo de 2028. Las empresas Rockhopper y Navitas adoptaron la decisión final de inversión en diciembre de 2025. La Argentina presentó un proyecto de ley para endurecer sanciones y la Justicia Federal de Río Grande ordenó la suspensión cautelar de las actividades.
Unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en aguas del Atlántico Sur, el yacimiento petrolero Sea Lion se prepara para entrar en una etapa decisiva. Fue descubierto hace dieciséis años y, si se cumplen los planes anunciados, comenzará a producir petróleo en marzo de 2028.
En diciembre de 2025, las empresas Rockhopper y Navitas adoptaron la decisión final de inversión para la primera fase del proyecto. La inversión prevista ronda los 1800 millones de dólares, las licencias fueron extendidas por el gobierno de las Islas Malvinas por 35 años y la producción podría prolongarse durante más de tres décadas.
El proyecto avanza hacia la explotación comercial de un recurso natural no renovable en un área incluida en una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas. A diferencia de una plataforma de exploración, que puede retirarse, el petróleo extraído no vuelve al subsuelo.
En estos dieciséis años, la Argentina sancionó legislación específica, declaró ilegales esas actividades hidrocarburíferas, inhabilitó empresas, promovió acciones judiciales y formuló protestas diplomáticas. Rockhopper fue declarada clandestina y sus actividades, consideradas ilegales en 2012, y al año siguiente fue inhabilitada por veinte años. Navitas recibió sanciones equivalentes en 2022. En agosto, Navitas ejerció la opción para adquirir un segundo buque de producción, con capacidad para sumar hasta 125.000 barriles diarios.
El gobierno argentino envió al Congreso un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que endurece y amplía las sanciones contra quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina, y alcanza también a accionistas y proveedores.
La Justicia Federal de Río Grande ordenó cautelarmente a Rockhopper y Navitas suspender las actividades vinculadas con Sea Lion. El gobierno del Reino Unido reafirmó que no reconoce jurisdicción argentina sobre las empresas que operan en las islas y que continuará respaldando su actividad económica, incluida la explotación de hidrocarburos.
La Argentina cuenta con más de seis décadas de construcción diplomática alrededor de la cuestión Malvinas. La resolución 2065 de la Asamblea General reconoció en 1965 la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y llamó a ambos gobiernos a encontrar una solución negociada. En 1973, la resolución 3160 reclamó acelerar las negociaciones. Tres años después, la resolución 31/49 pidió a ambas partes abstenerse de adoptar decisiones que implicaran introducir modificaciones unilaterales mientras la disputa permaneciera pendiente.
Frente a Sea Lion, la Argentina podría explorar, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), una vía circunscripta a la explotación unilateral de los recursos naturales del área en disputa. La Argentina y el Reino Unido son partes de la Convención. La Argentina podría solicitar al Tribunal Internacional del Derecho del Mar la adopción de medidas provisionales mientras se sustancia el procedimiento.
Un antecedente es el de la República de Mauricio, que mantuvo durante décadas una disputa con el Reino Unido por el archipiélago de Chagos. En 2010 inició un arbitraje bajo la Convemar por la creación británica de un área marina protegida. El tribunal no aceptó utilizar la Convención para decidir quién tenía soberanía sobre Chagos. Posteriormente, Mauricio recurrió a la Asamblea General de las Naciones Unidas; esta solicitó una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia, que se pronunció en 2019.
La cuestión de fondo –la soberanía sobre las Islas Malvinas– permanece en el ámbito de la controversia bilateral reconocida por las Naciones Unidas.