El congelamiento del bono de $70.000 desde marzo de 2024 y la inflación acumulada explican la caída. El proyecto de Presupuesto 2027 propone eliminar la compatibilidad con el trabajo.
La pensión no contributiva por invalidez perdió un 18,8% de su poder de compra entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, según un cálculo basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. La merma se produjo porque, si bien la prestación se actualiza mensualmente por inflación desde marzo de 2024, el bono de refuerzo quedó congelado en $70.000 desde ese mismo mes.
En diciembre de 2023, la pensión por invalidez pagada por la Anses fue de $73.999 y el bono, entonces de $55.000, totalizó un ingreso de $128.999. En agosto de 2025, la prestación fue de $293.843 y el refuerzo de $70.000, alcanzando $363.843. El aumento nominal fue del 182,05%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período fue del 247,5%.
La pensión por invalidez equivale al 70% del haber jubilatorio mínimo del sistema general de la Anses. El bono es un adicional que cobran los jubilados de la Anses con haber mínimo y las prestaciones por discapacidad. Fue creado en septiembre de 2022 como reconocimiento de las pérdidas de valor real sufridas por las prestaciones debido a la fórmula de movilidad de la ley 27.609, vigente entre 2021 y principios de 2024.
Al representar un monto inferior al haber mínimo, el peso del bono sobre el ingreso total de la pensión por invalidez es mayor. En diciembre de 2023, el bono representaba el 42,6% del ingreso total; en agosto de 2025, el 19,2%. Para los jubilados con haber mínimo, la participación del plus sobre el monto total pasó del 34,2% al 16,7% en el mismo período. La caída del poder de compra para los jubilados de haber mínimo fue del 12,3% entre diciembre de 2023 y agosto de 2025.
El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 elevado por el Poder Ejecutivo al Congreso no modifica el importe ni la movilidad de la pensión, pero busca modificar la ley 27.793 para eliminar la posibilidad de cobrar una pensión en caso de tener un trabajo, ya sea en relación de dependencia o por cuenta propia. La ley actual, aprobada un año atrás por impulso de la oposición y resistida por el Gobierno, permite la compatibilidad con el trabajo siempre que los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles ($767.600 este mes).
Según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social, en junio de 2025 hubo 1.137.244 beneficios puestos al pago, un 6,4% menos que en diciembre de 2023. En el período hubo bajas y auditorías promovidas por la gestión de Javier Milei, que derivaron en un conflicto en la Justicia, y se abrió una causa litigiosa por presuntos hechos de corrupción vinculados con la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante el actual Gobierno.