La Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad vence el 31 de diciembre y Diputados discute su extensión hasta 2027. El Presupuesto 2027, en su capítulo VI, deroga los artículos centrales de la norma. El Gobierno reconoce una deuda de 69.559 millones de pesos con 770 prestadores de Incluir Salud.
La Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, sancionada en 2025, vence el 31 de diciembre. La Cámara de Diputados debate su prórroga hasta 2027. En paralelo, el Presupuesto 2027, en su capítulo VI, deroga los artículos centrales de la ley, según el texto del proyecto.
El Presidente vetó la ley en 2025. Ambas cámaras insistieron en reponerla con dos tercios de los votos. El Ejecutivo suspendió su aplicación alegando falta de fondos. Hubo fallos judiciales que ordenaron cumplirla. El Gobierno afirma que la cumple. En su informe al Congreso, admite una deuda de 69.559 millones de pesos con 770 prestadores de Incluir Salud, el programa que atiende a quienes cobran una pensión no contributiva. Las compensaciones que la ley ordena pagar a los prestadores superan, según fuentes parlamentarias, los 340.000 millones de pesos.
La Ley 22.431, de 1981, obliga al Estado nacional a que al menos el 4% de su personal sean personas con discapacidad. Cuarenta y cinco años después, la Jefatura de Gabinete reconoce ante el Congreso un 1,37%. El Censo 2010 registró un 12,9% de personas con discapacidad, más de cinco millones. Estimaciones posteriores varían según la fuente.
En 2021, más de la mitad de los 209.553 estudiantes con discapacidad estaba en escuelas comunes, según datos oficiales. Ese proceso dependía de maestras integradoras, acompañantes terapéuticos y transportistas. Según testimonios recogidos, la terapia semanal pasó a ser quincenal en muchos casos, el transporte dejó de llegar y las escuelas especiales ajustan, esperan y se endeudan.
El Presupuesto 2027 propone que la pensión por discapacidad sea incompatible con cualquier empleo formal. Actualmente es compatible con un empleo registrado de hasta dos salarios mínimos. El mismo texto propone desregular el nomenclador único que obliga a obras sociales, prepagas y sistema público a cubrir el 100% de las prestaciones. Cada financiador pagará lo que decida. Diputados libertarios manifestaron sorpresa y afirmaron que así no sale la ley, según fuentes parlamentarias.
El Gobierno sostiene que hubo abusos y pensiones irregulares, y que el gasto debe auditarse. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional, define la discapacidad como el choque entre una condición y las barreras del entorno.