El juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses por su responsabilidad en el atentado a la AMIA del 18 de julio de 1994, que causó 85 muertos y más de 150 heridos. La resolución dispone que sean juzgados en ausencia y les impone un embargo de 500 millones de dólares a cada uno.
El juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses por su responsabilidad en el atentado a la sede de la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, que dejó 85 muertos y más de 150 heridos. La decisión se produjo tras el pedido del fiscal de la UFI AMIA, Sebastián Basso, y de las querellas.
Los procesados son exfuncionarios del gobierno iraní y miembros de Hezbollah, señalados como responsables de planificar y ejecutar el ataque. El magistrado dispuso que comparezcan en un juicio en ausencia, conforme a la Ley 27.784, y les atribuyó los delitos de homicidio y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso y por el uso de un medio idóneo para causar peligro común, además de daño agravado por motivos discriminatorios.
Rafecas calificó el atentado como crimen de lesa humanidad y apeló a la figura de genocidio en los términos del Derecho internacional. En la resolución, firmada este lunes, impuso a cada uno de los acusados un embargo de 500 millones de dólares.
Al fundamentar la decisión, el juez recordó que la ley de juicio en ausencia permite avanzar en el proceso penal aunque los acusados estén prófugos, asegurando su derecho a contar con un defensor y las demás garantías del debido proceso. Sostuvo que la decisión de los acusados de mantenerse prófugos en el extranjero dejó de ser un impedimento para que la Justicia analice las pruebas y resuelva su situación.
El fallo dio por probado que los terroristas compraron una camioneta Renault Trafic el domingo 10 de julio de 1994, la acondicionaron y cargaron con 300 kg de amonal y TNT. El viernes 15 a las 18 hs. la dejaron preparada en un estacionamiento público a cuatro cuadras de la AMIA y aguardaron hasta la mañana del lunes 18 para hacerla explotar en un momento de mayor concurrencia al edificio.
Según la reconstrucción de la resolución, basada en pruebas reunidas por la UFI AMIA, la decisión de cometer el atentado fue adoptada en agosto de 1993 por las máximas instancias del régimen iraní y encomendada a Hezbollah. Esa agrupación proiraní con sede en El Líbano fue responsable de organizar su ejecución mediante una red de apoyo regional y local con base en la Triple Frontera (Ciudad del Este, Paraguay; Foz de Iguazú, Brasil; y Puerto Iguazú, Argentina).
Los procesados son Ali Fallahijan, exministro de Inteligencia iraní; Alí Velayati, exministro de Relaciones Exteriores iraní; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria iraní; y Ahmad Vahidi, excomandante de la fuerza Al Quds. El juez señaló que estos cuatro decidieron y participaron en la organización del atentado desde sus cargos en el régimen iraní.
También fueron procesados Hadi Soleimanpour, exembajador de Irán en Argentina; Mohsen Rabbani, activista religioso fundamentalista radicado en Buenos Aires desde 1983 y consejero cultural de la Embajada iraní en Argentina; y Ahmad Asghari, exagente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria. A ellos se les atribuyó haber contribuido de forma esencial al plan criminal desde el ámbito diplomático y la red local iraní.
El octavo procesado es Salman Raouf Salman (o Samuel El Reda), agente libanés de Hezbollah, como responsable de haber coordinado la etapa final del atentado.
El magistrado firmó la falta de mérito respecto de los imputados Abdallah Salman y Hussein Mouzannar. No trató la situación del líder supremo iraní Alí Khamenei ni del líder de Hezbollah Imad Mughniyeh, fallecidos en 2026 y 2008 respectivamente, ni la del libanés vinculado a Hezbollah Alí Hussein Abdallah, fallecido en 2020.
La justicia federal dio por probado que el atentado a la AMIA fue coordinado con un segundo ataque a la comunidad judía perpetrado al día siguiente en Panamá, donde un pasajero suicida hizo explotar un avión de línea, causando la muerte de 3 tripulantes y 17 pasajeros, 12 de ellos de la colectividad judía local, algunos con sus esposas. Cuatro días después, según la resolución, los atentados fueron reivindicados en forma conjunta por Hezbollah desde El Líbano a través de una denominación de cobertura llamada «Ansar Allah».
En consecuencia, el juez dispuso dar intervención a la Corte Suprema, sobre la base del dictamen de la UFI AMIA, ante la posible conexidad de esta causa con la que investiga el atentado a la Embajada de Israel en 1992, que tramita en ese tribunal, ya que según la Fiscalía ambos sucesos habrían sido ejecutados por Hezbollah.