En Cardiff, los líderes de los tres partidos independentistas firmaron una declaración conjunta. Una especialista en Malvinas analizó el impacto del nuevo escenario británico en la disputa de soberanía.
El lunes 14 de septiembre, en Cardiff, los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte reclamaron en una declaración conjunta el derecho a la autodeterminación de sus naciones y ubicaron su futuro dentro de la Unión Europea. Firmaron John Swinney (SNP), Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru) y Michelle O’Neill (Sinn Féin), pero lo hicieron como jefes de sus partidos y no en representación de sus gobiernos. La escena es inédita: por primera vez desde 1999, con la descentralización, las tres naciones tienen al frente a líderes favorables a la independencia o a la reunificación irlandesa.
El gesto llegó días después de que Donald Trump, en Dublín, dijera que una Irlanda unificada sería algo fantástico y que a su juicio terminará ocurriendo. Londres respondió con un llamado a la unidad del primer ministro Andy Burnham y, hasta ahora, sigue descartando autorizar una nueva consulta sobre la independencia escocesa.
Ese mismo día, y por otro carril, los primeros ministros de Gales y Escocia firmaron el Cardiff Agreement, un marco de cooperación entre ambos gobiernos que no es jurídicamente vinculante y no afecta las competencias legales de ninguno.
La investigadora del Observatorio de Memoria, Investigación y Soberanía Malvinas, Atlántico Sur y Antártida de la Universidad Nacional de Rosario, María Salomón le explicó a PERFIL que hay que diferenciarlos: uno es una iniciativa política partidaria; el otro, un acuerdo entre los gobiernos de Escocia y Gales.
¿Puede todo esto mover algo en el reclamo argentino? La especialista es cauta: «La crisis territorial británica no modifica automáticamente el estatus jurídico de Malvinas, pero puede generar un contexto político y diplomático que Argentina podría estudiar».
La razón es que los casos no son equivalentes. Escocia, Gales e Irlanda del Norte «son partes constituyentes del Reino Unido», mientras que Malvinas es un Territorio Británico de Ultramar sobre el que existe una disputa de soberanía que sigue tratándose en Naciones Unidas. Por eso, advierte, «sería incorrecto formular el argumento ‘si Escocia puede independizarse, entonces Malvinas también’. Los mecanismos son diferentes».
Donde encuentra una oportunidad es en el análisis. Salomón propone dejar de ver al Reino Unido como un actor «absolutamente homogéneo» y observar los intersticios, es decir, las diferencias entre gobiernos territoriales, Parlamento, universidades, sindicatos, empresas y organizaciones sociales. Sugiere ordenarlos en cinco planos: constitucional, partidario, económico, estratégico-militar y cultural-académico. Y aclara: «Esto no significa que esos actores apoyen la posición argentina, sino que pueden constituir espacios diferentes de debate y diplomacia».
La especialista tampoco lee la tensión interna británica como señal de repliegue en el Atlántico Sur. «La política británica hacia los territorios de ultramar se ha reforzado, no debilitado, en los documentos estratégicos recientes», advierte y en ese sentido recuerda que la Strategic Defence Review 2025 incluyó a los territorios de ultramar entre los objetivos centrales de la defensa del Reino Unido.
El puente más concreto entre Cardiff y Malvinas es, en realidad, el Brexit. Los firmantes atribuyen al Brexit un perjuicio para sus naciones; en el caso de las islas, quedaron fuera del acuerdo comercial entre la UE y el Reino Unido y algunos productos empezaron a enfrentar aranceles europeos. Salomón resume que el Brexit «redujo determinadas ventajas comerciales de Malvinas respecto del mercado europeo, pero no eliminó la presencia ni los intereses económicos europeos relacionados con las islas»: siguen operando empresas europeas, ligadas a una pesca que es el núcleo de los ingresos isleños.
Para Salomón, entonces, la utilidad del momento está en «ampliar el análisis y los interlocutores, sin asumir que una eventual transformación constitucional británica produciría automáticamente un cambio sobre Malvinas». Esa perspectiva, concluye, «no sustituye la cuestión jurídica de soberanía, pero permite comprender mejor el contexto político en el que se desarrolla la disputa».