El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, impulsa un proyecto de ley que prohíbe las actualizaciones automáticas vinculadas exclusivamente a la inflación para el personal docente. La iniciativa, que comenzaría a aplicarse en 2027, establece que los aumentos dependan de la disponibilidad de recursos y de la situación financiera provincial.
El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, presentó un proyecto de ley que busca prohibir las actualizaciones automáticas de salarios docentes vinculadas exclusivamente a la inflación. La iniciativa, denominada «Prohibición de indexación automática» en su artículo 7, establece que las actualizaciones «no constituirán mecanismos automáticos de indexación salarial ni generarán incrementos automáticos vinculados exclusivamente a índices inflacionarios».
El proyecto dispone que el Ministerio de Hacienda deberá evaluar periódicamente la coparticipación federal, la recaudación provincial, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el peso de los salarios sobre el presupuesto. A partir de ese análisis, el Ejecutivo podrá disponer aumentos, siempre que cuente con financiamiento y crédito presupuestario suficiente. La redacción no establece una frecuencia concreta para esas evaluaciones ni una fórmula que determine cuánto deben aumentar los haberes, ni fija un porcentaje mínimo de recomposición.
De aprobarse, la norma comenzaría a aplicarse en el ejercicio presupuestario 2027. El texto no contempla un mecanismo de pago de las actualizaciones reclamadas por períodos anteriores.
Argumentos fiscales del Gobierno chaqueño
En los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que la provincia tiene escaso margen para asumir nuevos compromisos permanentes. Según las proyecciones presupuestarias de 2026 que cita el documento, el 79,5% de los ingresos provinciales depende de recursos de origen nacional, mientras que el gasto en personal representa el 52,8% de las erogaciones totales.
La gestión de Zdero utiliza esas cifras para argumentar que las decisiones salariales deben considerar tanto la evolución de los precios como los ingresos efectivamente disponibles. También menciona una pauta aproximada del 10% para el gasto en personal del Presupuesto 2026, que presenta como una previsión presupuestaria y no como una actualización automática por inflación.
Ese planteo prolonga la posición que el Gobierno había expuesto en julio de 2025, cuando confirmó que no abonaría la cláusula gatillo durante el segundo semestre. En aquel momento, el subsecretario de Coordinación Económica (hoy diputado nacional), Guillermo Agüero, alegó restricciones fiscales. Desde ATECH, Rosa Petrovich cuestionó la decisión por considerar que incumplía los acuerdos salariales.
Conflicto judicial
La discusión también llegó a la Justicia. El Ejecutivo invoca en sus fundamentos la sentencia 70/26 del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, al sostener que corresponde a los poderes políticos definir los mecanismos de actualización salarial según las posibilidades financieras de la provincia.
Pero el alcance de esa resolución incluye otro elemento central: el tribunal dejó sin efecto la modalidad de restitución directa ordenada por la Cámara Laboral, mientras mantuvo la exigencia de adoptar medidas normativas y presupuestarias para garantizar la integridad del salario docente. Posteriormente, en mayo, la Cámara intimó al gobernador a remitir un proyecto a la Legislatura.
La propuesta de Zdero lleva ahora esa disputa al terreno legislativo: busca que la prohibición de los ajustes automáticos quede incorporada a una ley y que las futuras recomposiciones se definan mediante evaluaciones fiscales del Ejecutivo.