Un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA indica que la pobreza alcanzó al 36,9% de las personas de 15 a 29 años en el primer semestre de 2026, un incremento de 4,3 puntos porcentuales respecto del semestre anterior. El grupo presenta los mayores niveles de desocupación, informalidad y morosidad.
Las primeras apreciaciones de las instituciones que estudian la evolución de la pobreza –además del Indec, que esta semana dio a conocer las estadísticas– alertaban sobre su repunte en el primer semestre de este año, pero principalmente sobre el carácter estructural de estos indicadores. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA señaló que el dato central no es solo el nivel semestral (32,3%, 4,1 puntos porcentuales por encima del segundo semestre de 2025), «sino el cambio de tendencia: la fase de fuerte reducción de la pobreza monetaria se agotó durante la segunda mitad de 2025 y fue reemplazada por un proceso de estancamiento y posterior aumento».
El crecimiento no se dio para todas las edades por igual. Si bien el porcentaje de niñas, niños, adolescentes y bebés (0 a 14 años) en situación de pobreza es el más alto de todos los grupos etarios –44,5%, 3,2 puntos porcentuales más que en la medición anterior–, el mayor incremento entre el segundo semestre de 2025 y el primer semestre de 2026 se dio entre las edades de 15 a 29 años, grupo en el que pasó del 32,6% al 36,9% (una suba de 4,3 puntos porcentuales). También aumentó de los 30 a los 64 años, edad en la que la situación de pobreza alcanza al 28,8% de las personas.
El sector de mayor crecimiento de la pobreza es el que también presenta los números más elevados de endeudamiento, desocupación o informalidad laboral y dificultades para mantenerse económicamente. El Observatorio de la UCA señala que existen cinco factores principales que explican las cifras en todos los grupos etarios: el menor dinamismo de la actividad y el deterioro de la calidad de empleo; el menor impulso de los ingresos laborales, que «volvieron a mostrar retrocesos reales respecto al semestre anterior»; el aumento de alimentos y servicios básicos, algo que empezó a notarse más a partir de finales de 2025; la menor capacidad protectora de las transferencias sociales (AUH, jubilaciones y otras prestaciones); y la mayor presión de tarifas, alquileres y servicios básicos.
En cuanto al grado de formalidad del empleo y de desempleo, los jóvenes han sido los más perjudicados. El nivel de desempleo general es del 7,9%, pero entre las mujeres y los hombres de 14 a 29 años es del 14,1% y del 17,1% respectivamente. En los hombres de esta edad la desocupación descendió levemente entre las últimas mediciones del Indec (del 14,6% al 14,1%), mientras que en el caso de las mujeres subió (del 15,5% al 17,1%).
La informalidad es del 61,6% para los jóvenes de 18 a 26 años, un número que se reduce al 43,9% de los 27 a los 35 años, al 39,1% de los 36 a los 50 años, y al 42,4% entre los 51 y 65. Vuelve a encontrar un pico en las personas de 66 años o más (61,2%): son datos del Instituto Argentina Grande (IAG) en base a información oficial. «El deterioro acelerado de sus condiciones laborales es llamativo y responde a dos fenómenos distintos: en los jubilados, viene creciendo su participación en el mercado laboral producto de sus bajos ingresos, y quienes se suman lo hacen en tareas muy precarias. En el caso de la juventud, la participación en el mercado laboral se mantiene estable (de hecho, cae en varones) pero se están destruyendo puestos de trabajo que antes eran de calidad», concluyen desde el Instituto.
La falta de un ingreso estable condiciona el acceso a la vivienda. Según la Fundación Tejido Urbano, casi cuatro de cada diez jóvenes (38,3%) de entre 25 y 35 años no logran independizarse a causa de «salarios bajos, alquileres altos y un mercado laboral que no genera oportunidades».
Los jóvenes son también los más endeudados: la morosidad alcanza al 38,1%, un número muy superior al resto: entre los 30 y los 44 el porcentaje es del 31,7%, entre los 45 y 59 años es del 23,05%, del 15,77% entre los 60 y 74, y del 14,47% para los mayores de 75. El informe del IAG –del que provienen estas conclusiones, basadas en estadísticas del Banco Central– advierte que en un año la cantidad de deudores morosos de esas edades aumentó casi un 47%.
El último informe del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA (de septiembre) compara las emociones de la población que está endeudada con quienes no lo están: la incertidumbre, la angustia, el hartazgo y la desesperanza presentan números más elevados en los primeros. Mientras que los endeudados experimentan estas sensaciones en el 47%, 46%, 39% y 41% de los casos respectivamente, este número se reduce al 38%, 31%, 24% y 21% entre los que no están endeudados. En el 53% del total, las deudas generan ansiedad o problemas para dormir.
Sobre los números generales de pobreza, desde la UCA afirmaron que «el dato semestral debe leerse junto con la trayectoria trimestral. Un nivel de pobreza en torno a 32,3% sería similar –aunque incluso algo superior– al del primer semestre de 2025 (31,6%), pero la dinámica es ahora inversa: aquel registro formaba parte de una fase de descenso que continuó hasta el tercer trimestre de 2025; el semestre actual, en cambio, se construye sobre una secuencia ascendente iniciada desde ese piso».
En el análisis sobre los indicadores de pobreza e indigencia difundidos por el Indec, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA (ODSA) advirtió que el deterioro sería aún mayor si no existieran políticas sociales. «Las simulaciones del ODSA muestran que, al descontar del ingreso de los hogares la AUH, otros programas de transferencias y pensiones no contributivas, la indigencia prácticamente se duplica». Según sus estimaciones, «en el escenario actual, en ausencia de esas transferencias el orden de magnitud contrafactual se ubicaría aproximadamente entre 14%-15%» (frente al 7,5% actual).
Esto muestra «la fuerte contribución de la política social para contener la pobreza extrema, aun cuando su capacidad protectora haya perdido intensidad durante 2025-2026».
El poder de compra de las AUH, jubilaciones y otras prestaciones está debilitado, aseguraron desde el Observatorio. «Las actualizaciones con rezago y la pérdida neta de cobertura de la Prestación Alimentar frente al costo de las canastas redujeron su potencia para seguir bajando la indigencia».