Entre 1975 y 1986, durante la transición española y su ingreso a la Comunidad Económica Europea, el Estado aplicó un esquema conocido como ‘muerte dulce’ para cerrar o reducir sectores industriales no competitivos, con prejubilaciones, indemnizaciones y ayudas públicas.
Entre la salida del franquismo y su ingreso pleno a la Comunidad Económica Europea (CEE), España llevó adelante un proceso de reconversión industrial. El período abarcó desde el 20 de noviembre de 1975, con la muerte de Francisco Franco, hasta el 1° de enero de 1986, cuando el país se incorporó a la CEE. En esos once años gobernaron, junto al rey Juan Carlos, cuatro presidentes del Gobierno: Carlos Arias Navarro (1974-1976), Adolfo Suárez (1976-1981), Leopoldo Calvo-Sotelo (1981-1982) y Felipe González (1982-1996), con quien España ingresó a la Comunidad.
Con González, el Estado abandonó el aislacionismo y adaptó a las reglas europeas una economía proteccionista. La apuesta exigió sacrificios en la economía real: grandes actores industriales debían desaparecer.
El gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) aplicó un esquema conocido como la ‘muerte dulce’ o la ‘buena muerte’. La expresión se usó durante la reconversión industrial, en especial en la minería, la siderurgia y la construcción naval. Consistía en cerrar o reducir gradualmente empresas y sectores inviables, amortiguando el impacto con dinero público, prejubilaciones, indemnizaciones y ayudas, en lugar de permitir una quiebra abrupta.
El proceso había comenzado antes, tras las crisis del petróleo y la pérdida de competitividad industrial. La incorporación a Europa lo aceleró, porque España debía competir en un mercado más abierto y ajustarse a las reglas comunitarias, incluidos los límites a las ayudas estatales.
La lógica era sencilla. Había empresas con pérdidas acumuladas, exceso de personal, tecnología atrasada y costos superiores a los internacionales. El Estado tenía dos alternativas: dejarlas quebrar, con miles de despidos simultáneos, o financiar una salida ordenada. Eligió la segunda. Eso incluyó prejubilaciones a edades inferiores a las del retiro ordinario, indemnizaciones importantes, bajas voluntarias, subsidios, absorción de pérdidas, reducción progresiva de plantillas y ayudas a las regiones afectadas, junto con promesas de reindustrialización. La empresa desaparecía, pero los trabajadores recibían una protección que reducía la conflictividad social.
La reconversión alcanzó a la siderurgia, los astilleros, la minería, los electrodomésticos y el textil. Su objetivo declarado era hacer competitiva la industria que quedara en pie: cerrar instalaciones obsoletas, concentrar la producción, modernizar las plantas supervivientes, reducir la capacidad excedente y pensar en la exportación.
El costo del recambio recayó en su mayor parte sobre el Estado español, con ayuda financiera europea. Una parte se socializó a través del presupuesto. Las prejubilaciones permitían retirar personal sin convertirlo en desempleado. En algunas cuencas mineras aparecieron los ‘jubilados de oro’, trabajadores relativamente jóvenes con condiciones de retiro superiores a las del trabajador medio.
La diferencia con una quiebra tradicional radica en que, en la ‘muerte dulce’, el Estado reconoce que una empresa o un sector entero difícilmente sobrevivirá y organiza la transición: pone dinero, negocia con los sindicatos y reduce la producción de a poco. No salva a la empresa; financia una forma socialmente tolerable de dejarla morir.
El caso más elocuente es el de la siderurgia. El plan de 1983 decidió modernizar Asturias y Vizcaya y sacrificar la cabecera de Altos Hornos del Mediterráneo (AHM), en Sagunto. En febrero de ese año, su presidente, José María de Lucía, había dicho que ya no tenía sentido seguir administrando ‘morfina a un enfermo’ y que había que practicar la ‘eutanasia’. Los altos hornos se apagaron en 1984: el cierre alcanzó a unos 2.000 de los cerca de 4.300 trabajadores, cuyos ingresos sostuvo un Fondo de Promoción de Empleo, y costó unos 54.250 millones de pesetas de la época. Ensidesa y Altos Hornos de Vizcaya atravesaron sucesivos saneamientos, se fusionaron y, tras pasar por CSI y Aceralia, terminaron en Arcelor y luego en ArcelorMittal. El Estado absorbió durante años el costo de achicarlas hasta volver viable lo que sobrevivió.
En la minería asturiana, Hunosa redujo explotaciones y plantillas mediante prejubilaciones, bajas incentivadas y planes para las comarcas: el trabajador salía de la nómina, pero no quedaba sin ingresos. Los historiadores describen este modelo como una forma de comprar paz social mientras caían la producción y el empleo. En los astilleros (Astano en Ferrol, AESA y la militar Bazán, que terminaría en la actual Navantia), el ajuste fue de los más conflictivos, porque de ellos dependían ciudades enteras. Y SEAT, saneada por el Estado, terminó en manos de Volkswagen.
Hubo críticas y fracasos. Asturias es el ejemplo más claro: las enormes transferencias públicas amortiguaron la desaparición de la minería, pero no generaron suficiente actividad privada alternativa. El resultado fue pérdida de población joven, envejecimiento y mayor dependencia del Estado. Aun así, el concepto sobrevivió: la reforma europea del azúcar de 2006 redujo cerca de la mitad la producción española y llevó al cierre escalonado de siete fábricas hasta 2010, también con ayudas y medidas de reconversión.
La experiencia española consistió en determinar qué actividades podían sobrevivir, cerrar o achicar las que no, usar al Estado para financiar el costo social de la salida y tratar de reconvertir las regiones afectadas. En algunos casos funcionó; en otros, dejó territorios dependientes de jubilaciones, subsidios y empleo público durante décadas.