La Secretaría de Trabajo elabora un recurso extraordinario para resistir la certificación provisoria de la lista de Luis Barrionuevo en el sindicato gastronómico. La oposición denunció irregularidades en el fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
La controversia judicial y gremial por el control de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) continúa esta semana con nuevas presentaciones.
El Gobierno prepara un recurso extraordinario para acudir ante la Corte Suprema de Justicia y resistir la convalidación de la conducción de Luis Barrionuevo. La decisión de apelar el fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que reconoce la conducción de Barrionuevo tras las elecciones de fines de 2025, será elaborada por la Secretaría de Trabajo, según informó la Agencia Noticias Argentinas. No habrá comentarios por parte del área que conduce Julio Cordero, aunque trascendió que el planteo está relacionado con la posibilidad de recurrir hasta la última instancia judicial en caso de fallos adversos a determinaciones administrativas.
La relación entre el oficialismo y Barrionuevo se quebró luego de un acuerdo en 2023 con el entonces diputado nacional y candidato a presidente Javier Milei. El pacto consistía en el aporte de fiscales por parte del sindicato para cuidar los votos libertarios en la elección presidencial de octubre. En La Libertad Avanza acusaron al ex titular de Chacarita de no cumplir con su promesa, y desde entonces la relación no se recompuso.
En paralelo, la oposición al sindicalista presentó una denuncia. Apoderados de la Lista Gris/Naranja acusaron a la Sala VI de la Cámara laboral de irregularidades por haber otorgado a Barrionuevo una certificación provisoria de autoridades. Según los denunciantes, los magistrados quebrantaron los reglamentos de la Justicia Nacional para apurar un fallo antes de que las partes ejercieran su derecho a recusar con causa a jueces con antecedentes desfavorables y prejuzgamiento en el conflicto.
De acuerdo con el escrito presentado, el expediente sufrió una alteración no justificada en el orden y la composición del tribunal votante. La notificación oficial establecía que la votación estaría a cargo de los camaristas Carlos Pose y Marina Pisacco, reservando la intervención de Gabriela Vázquez únicamente para el caso de disidencia. Sin embargo, la sentencia fue suscripta por Pisacco y Vázquez sin que el juez Pose emitiera su voto ni constara en la causa justificación formal que explicara su apartamiento.
El planteo de la oposición sostiene que la celeridad para dictar la sentencia buscó neutralizar las recusaciones preparadas contra la Sala VI, fundamentadas en actuaciones previas. Por ejemplo, Pose había emitido opinión y fallado previamente a favor del sector de Barrionuevo en causas conexas, como el expediente 32.645/2025, desestimando los reclamos opositores y convalidando la actuación de la junta electoral oficialista. En el caso de Vázquez, en el expediente paralelo «Sasprizza», vinculado al mismo entramado de la interna gastronómica, la camarista se había excusado de intervenir alegando prejuzgamiento. «No obstante, en esta nueva resolución reapareció en el expediente y votó en favor de la conducción sin fundamentar los motivos por los cuales cedieron los impedimentos legales expuestos con anterioridad», expuso el documento. A Pisacco, la oposición le atribuye una «doble vara» en la tramitación del expediente, al haber resuelto con celeridad dos medidas cautelares favorables al barrionuevismo y frenar, en simultáneo, los recursos planteados para que el tribunal de alzada revise la validez de los comicios.
Con este escenario, en la oposición expresaron que la validez del fallo de la Sala VI queda cuestionada en el plano procesal, mientras la disputa administrativa e institucional por la conducción y el patrimonio de una de las organizaciones sindicales más poderosas del país avanza hacia la definición del Máximo Tribunal.