El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, presentó un proyecto para modificar el Código Procesal Laboral con el objetivo de reducir la litigiosidad, ordenar las pericias médicas y generar mayor previsibilidad para trabajadores, empresas y aseguradoras. La iniciativa incluye la creación de un cuerpo de médicos especializados, el uso obligatorio del baremo nacional y cambios en el esquema de honorarios de los peritos.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, avanzó con una reforma del Código Procesal Laboral destinada a reducir la litigiosidad, ordenar las pericias médicas y generar mayor previsibilidad para trabajadores, empresas y aseguradoras.
Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), durante 2025 se iniciaron 2.502 nuevos juicios por Riesgos del Trabajo en Entre Ríos, un 25% más que el año anterior. Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, el crecimiento de la litigiosidad llegó al 38%, el mayor entre las nueve principales jurisdicciones del país.
Uno de los principales cambios contemplados es la creación de un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos dependiente del Poder Judicial. Sus integrantes serán seleccionados por concurso y tendrán una remuneración fija, por lo que sus ingresos no dependerán del porcentaje de incapacidad determinado ni del monto de una eventual indemnización.
La reforma establece además la aplicación obligatoria del baremo nacional para determinar incapacidades laborales. Los peritos deberán fundamentar técnicamente sus conclusiones con el objetivo de unificar criterios y reducir diferencias entre las evaluaciones.
Los honorarios de los peritos, en tanto, dejarán de calcularse en función del monto reclamado, de la condena o del porcentaje de incapacidad y pasarán a determinarse de acuerdo con la complejidad, calidad y utilidad del trabajo realizado, con un límite máximo.
El proyecto también elimina la obligación de depositar previamente el monto de la condena, los intereses y las costas —u ofrecer bienes suficientes a embargo— como requisito para que un empleador pueda apelar una sentencia laboral. La modificación apunta a garantizar el derecho a una segunda instancia, sin eliminar las medidas cautelares destinadas a asegurar el eventual cumplimiento de la sentencia.
La UART respaldó la iniciativa y la calificó como un “primer paso concreto y necesario” frente al crecimiento de la litigiosidad.
Con estos cambios, el Gobierno entrerriano busca establecer pericias independientes y reglas uniformes, además de reducir los incentivos para la judicialización y generar mayor previsibilidad para trabajadores, empresas y aseguradoras.