El régimen de incentivos acumula 47 proyectos inscriptos por US$208.700 millones, de los cuales 23 ya fueron aprobados. La distribución sectorial muestra un 64,6% en energía y un 34,8% en minería. Especialistas advierten sobre la necesidad de administrar la renta para evitar efectos distorsivos.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) acumula 47 proyectos inscriptos que totalizan cerca de US$208.700 millones, de los cuales 23 ya fueron aprobados, representando unos US$49.700 millones, según datos oficiales. La distribución por sectores de los proyectos presentados indica que la energía concentra el 64,6% del monto total de las inversiones (gas, petróleo y eléctrica), mientras el rubro de minería (cobre, litio, oro y plata) representa el 34,8% del capital comprometido, pero lidera en la cantidad de proyectos individuales presentados, con 12 aprobados.
El plazo de adhesión al régimen fue prorrogado hasta el 8 de julio de 2027. Las autoridades sostienen que la cuenta de inversiones a concretarse en años sucesivos suma valor agregado, aunque oculta procesos de compra y procura intermedios que pueden llegar a duplicar el valor bruto de producción (VBP).
Existen objeciones al RIGI. Por un lado, se destaca el bajo porcentaje de aprobación de proyectos presentados hasta la fecha y el bajo porcentaje de desembolsos efectivos en los proyectos aprobados, que se asocian a la desconfianza en el futuro político y a amenazas opositoras para disuadir nuevas adhesiones, aludiendo a cambios de reglas o eventuales expropiaciones. También hay críticas que califican al RIGI como una parodia de política industrial selectiva que beneficia a algunos grandes inversores, o que buscan criminalizar un potencial daño ambiental derivado de las actividades (ecocidio), ignorando, según estas posturas, el prontuario de inseguridad jurídica, expropiaciones y reiterancia en defaults con regímenes de emergencia que arrastra el país.
Desde el oficialismo se ha respondido que, en un país normal, las condiciones generales que ofrece el RIGI deberían alcanzar a todos los sectores productivos y que, en todo caso, el régimen especial para nuevas inversiones lo daría el super-RIGI orientado a las nuevas industrias del futuro que agregan valor. La consolidación del cambio y el tránsito a la normalidad desvirtuarán muchos malos presagios, pero la magnitud del desarrollo intensivo de la energía y la minería obliga a pensar desde ahora en cómo administrar esta riqueza, según plantean especialistas.
La teoría económica ha identificado una aparente paradoja: países ricos en petróleo, gas o minerales han tenido, en algunos casos, resultados económicos y sociales inferiores a los de países con escasos recursos naturales. De allí surgió la expresión “maldición de los recursos naturales”, estandarizada por el economista británico Richard M. Auty en el libro Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis (1993). Un boom de recursos puede provocar una apreciación del tipo de cambio y reducir la competitividad de otros sectores transables, fenómeno conocido como “enfermedad holandesa”. También puede aumentar la volatilidad macroeconómica, porque los precios de las materias primas fluctúan fuertemente. Y puede generar una disputa política por la apropiación de la renta, favoreciendo corrupción, clientelismo o captura del Estado.
En el clásico The Prize (La historia del petróleo), Daniel Yerguin adjudica a Juan Pablo Pérez Alfonzo, ministro de petróleo de Venezuela y uno de los ideólogos de la OPEP en el siglo pasado, la expresión “el excremento del diablo” aludiendo al recurso fósil.
No hay garantía de que una enorme renta energética y minera produzca desarrollo. Puede ocurrir lo contrario si los dólares adicionales alimentan una expansión permanente del gasto público, una apreciación excesiva del tipo de cambio, endeudamiento basado en expectativas o una lucha política por apropiarse de la renta. El problema no es la abundancia de recursos naturales, sino la incapacidad para administrar la renta que generan, según analistas. Noruega se volvió rica por tener petróleo; Australia no sufrió un colapso por su riqueza minera; Chile convirtió parte de su renta del cobre en un instrumento de estabilidad. La diferencia está en las instituciones, las reglas fiscales y la capacidad de transformar una riqueza agotable en capital permanente.
En el libro La renta del petróleo en la Argentina, se aborda la explotación petrolera como un negocio de apropiación y reparto de renta de un recurso natural. Renta es precio menos costo. Los mecanismos que definen la renta, su estabilidad y el uso que hace el Estado en sus distintos niveles de la renta que recibe (government take) son claves en el destino productivo o extractivo de la explotación. Empresas y gobiernos deben converger en un objetivo productivo común: maximizar la renta del petróleo, del gas o del cobre. La mayor renta apropiable beneficia el reparto para el Estado (titular del dominio originario) y para las empresas (que ejercen el dominio útil). Para maximizar renta en estos bienes transables en el mercado internacional primero hay que tener precios internos alineados con los precios internacionales. Todo divorcio entre los precios domésticos y las referencias internacionales afecta la renta apropiable, genera desconfianza en los productores y disuade la entrada de nuevos inversores.
En hidrocarburos y minería el país es tomador de precios internacionales, pero los costos dependen de factores locales. Hay costos que impone la geología y para bajarlos hay que seguir las mejores prácticas, imitar e innovar. Pero hay otros costos que dependen del riesgo país, de los impuestos y gravámenes en las distintas jurisdicciones, de la infraestructura logística y de los bienes y servicios asociados a la explotación. Si suben los costos, hay menos renta para apropiar y repartir, y menos renta para reinvertir o aplicar a otros proyectos.
La explotación intensiva favorece la abundancia de recursos y permite reducir los precios domésticos para habilitar procesos industriales de valor agregado. Pero la ventaja comparada queda trunca cuando suben los costos porque se encarece el financiamiento, porque se imponen nuevos gravámenes o se establecen restricciones a la competencia como los “compre o contrataciones locales” que encarecen insumos y servicios. Menos renta, menos riqueza, menos regalías, menos impuestos, menos nivel de actividad y menos empleo.
Mucha renta que se apropian las empresas se reinvertirá en el mismo o en nuevos negocios en el país si se respetan las reglas de apropiación y reparto y la institucionalidad augura seguridad jurídica y largo plazo. Si no, van a reinvertir en otras geologías. Es renta privada, de actores internacionales que deben percibir un cambio que llegó para quedarse.
Lo que hacen los gobiernos con la apropiación de renta de los recursos naturales (regalías, cánones, impuestos) es la otra cara del destino productivo del recurso natural y de la correspondiente licencia social. Si esa renta se dilapida en gasto corriente, el país habrá vendido una parte de su patrimonio natural a cambio de consumo presente. Si se transforma, en cambio, en infraestructura, educación, tecnología, ahorro externo formal –fondo contracíclico o soberano– y nuevas capacidades productivas, el recurso agotable puede convertirse en riqueza permanente.
Vaca Muerta, Vicuña y la riqueza petrolera y minera que representan son una oportunidad geológica que atrae inversiones. El desafío económico consiste en convertir esa oportunidad en una acumulación de capital que los sobreviva. El verdadero éxito no será exportar petróleo, gas y minerales durante algunas décadas, sino conseguir que, cuando una parte significativa de esos recursos haya sido extraída, la Argentina sea un país más rico, más productivo, más competitivo y menos dependiente de sus recursos naturales que cuando comenzó el boom.