El Tribunal Supremo de España decidió mantener la suspensión del derecho al voto en las elecciones generales del 29 de noviembre a los ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de nietos. La medida afecta a unas 163.020 personas.
El Tribunal Supremo de España decidió mantener la suspensión del derecho al voto en las elecciones generales del 29 de noviembre a los ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de nietos.
La medida afecta a unas 163.020 personas que no podrán ejercer su derecho al sufragio en los comicios.
El Alto Tribunal aceleró los trámites tras el adelanto electoral y, este lunes, desestimó el recurso de la Abogacía del Estado, que pedía levantar la medida cautelar adoptada el pasado 10 de septiembre, la cual retiró el derecho a voto de los inscriptos en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) por considerar que no había tiempo para revisarlo antes de los comicios, reportó la cadena RTVE.
El Supremo resolvió que persiste el riesgo de que el censo «se constituya irregularmente» y sin la «exactitud, veracidad, igualdad, objetividad y transparencia» que exigen las elecciones en una democracia parlamentaria representativa como la española.
La resolución argumenta que el derecho de sufragio «no es un derecho de carácter absoluto», sino que está «supeditado» a los intereses generales». Entre ellos, menciona la necesidad de «preservar la veracidad e inexistencia de irregularidades en el censo electoral», lo cual prevalece sobre el «interés particular del ciudadano».
No podrán votar los nacionalizados que no estén en el censo
De este modo, el Supremo mantiene la suspensión de la inscripción en el CERA de quienes hubieran obtenido la nacionalidad pero aún estuvieran pendientes de ese trámite.
Tampoco podrán votar los inscriptos en el censo que no hayan aclarado las condiciones en las que se hizo el registro y de quienes la Administración no tenga «trazabilidad de su acceso».
No obstante, podrán votar aquellos que obtengan en los consulados una certificación de que adquirieron la nacionalidad con la debida acreditación de que son descendientes de exiliados «por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual», tal como preveía la Ley de Memoria Democrática.
El Supremo emplaza a los afectados por la paralización a que se apersonen en el procedimiento como parte codemandada y les otorga un plazo de cinco días para formular alegaciones sobre las medidas cautelares.
El Gobierno lamenta el fallo, el PP lo celebra
El Gobierno lamentó la decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la Ley de nietos.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó durante una conversación informal con periodistas en la recepción oficial del Día de la Fiesta Nacional: «Parece que el derecho al voto no es tan relevante para algunos», reportó Euronews.
Grande-Marlaska señaló que el siguiente paso es esperar a que la Abogacía del Estado examine si la suspensión cautelar acordada por el Supremo constituye una resolución definitiva.
Por otra parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se mostró contundente al afirmar en redes sociales que «en unas elecciones no puede haber dudas sobre el censo. Ninguna».
«El Tribunal Supremo ha vuelto a poner límite a la irresponsabilidad del Gobierno y ha antepuesto el bien común a sus prisas y a sus chapuzas. Lo primero en democracia es cumplir las reglas», expresó a través de un mensaje en X.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado habían solicitado levantar las medidas cautelares, alegando la «imposibilidad material» de revisar los cerca de 170.000 casos afectados por la resolución judicial.