Las comisiones de Relaciones Exteriores e Industria emitieron dictamen favorable a la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes. El proyecto, que cuenta con respaldo de Estados Unidos, podría tratarse en el recinto.
Las comisiones de Relaciones Exteriores e Industria del Senado emitieron este jueves dictamen favorable a la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). El despacho reunió 10 firmas en Relaciones Exteriores y 9 en Industria, y el proyecto quedó en condiciones de recibir sanción definitiva en el recinto.
El texto volvió a la Cámara alta después de que la Cámara de Diputados lo aprobara en agosto con reserva del Capítulo II. Esa modificación obligó a revisar el texto que el Senado había votado en 1998.
La adhesión al PCT figura entre los compromisos asumidos por la administración de Javier Milei en el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI), firmado el 5 de febrero con el gobierno de Donald Trump. Ese acuerdo fijó el 30 de abril como plazo para enviar el tratado al Congreso. El Ejecutivo cumplió con esa fecha, aunque el tratamiento legislativo se extendió por meses.
En las últimas semanas, funcionarios estadounidenses visitaron el país. Jeff Goettmann, de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), estuvo en Argentina. Para cerca del 20 de octubre se espera al subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, y para noviembre, al vicepresidente J.D. Vance, según confirmaron fuentes diplomáticas.
Posturas de los sectores involucrados
La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que agrupa a laboratorios extranjeros, anunció posibles inversiones por 8.000 millones de dólares en investigación y desarrollo. La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) también respalda la adhesión. Su embajador, Peter Lamelas, destacó la importancia de que el país se sume al tratado.
La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), que nuclea a fabricantes nacionales, defiende un modelo basado en la producción y la generación de empleo. Sostiene que el desarrollo de genéricos y biosimilares permite un ahorro de 2.400 millones de dólares anuales, y que el país podría ahorrar hasta 4.200 millones en los próximos cinco años. CILFA había dado su visto bueno a la reserva del Capítulo II, el punto que habilita el examen preliminar por parte de oficinas extranjeras.
Gestión oficial y cuestionamientos
El impulso del tratado involucró al área de Federico Sturzenegger, con la participación del secretario de Desregulación, Alejandro Cacace. La tarea de reunir las firmas quedó en manos de Patricia Bullrich. Según fuentes legislativas, los estrategas oficialistas decidieron que Cacace no visitara el Senado para priorizar un despacho rápido.
Durante el plenario, senadores del peronismo cuestionaron la capacidad operativa del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), organismo que sufrió recortes durante la gestión de Sturzenegger. Advirtieron que no estará en condiciones de auditar el volumen de solicitudes que llegará con la adhesión e intentaron demorar el tratamiento con la convocatoria a expositores. Las objeciones no alcanzaron para frenar el dictamen.
Resta que el oficialismo defina una fecha de sesión para que las firmas de comisión se traduzcan en votos en el recinto.