El Ministerio de Justicia italiano analiza ampliar la capacidad de los centros de internación para menores y readaptar secciones de prisiones de adultos. La oposición cuestiona la medida.
La cantidad de menores bajo detención en Italia aumentó un 40% desde 2022, al pasar de 280 a 570 internos en los centros de detención juvenil (IPM, por sus siglas en italiano), según cifras oficiales. El sistema cuenta con algo más de 600 plazas disponibles distribuidas en 19 centros de este tipo.
El gobierno de Giorgia Meloni avanza en un plan para ampliar la capacidad de los IPM mediante la construcción de nuevas instalaciones y la renovación de las existentes, que se encuentran en estado de deterioro. En las últimas horas se realizó una reunión en el Ministerio de Justicia para abordar la cuestión.
El ministro de Justicia, Carlo Nordio, declaró: «Nunca antes se había producido una serie de detenciones masivas que involucrara a menores, pero hay momentos en los que, lamentablemente, resulta necesario encarcelar a individuos violentos». Y agregó: «El sistema penitenciario juvenil se encuentra actualmente bajo una gran presión».
El funcionario explicó que la reunión tuvo como objetivo «tratar de resolver este problema, tanto mediante la asignación de los limitados fondos de los que disponemos para ampliar la capacidad de los centros de detención juvenil como, potencialmente, mediante la consecución de acuerdos para readaptar secciones de prisiones e instituciones penitenciarias destinadas a adultos, a fin de que sean utilizadas por menores».
Este último enfoque ya se había puesto a prueba en 2025 en la prisión de Bolonia, donde se estableció una sección temporal para jóvenes de entre 21 y 25 años dentro del centro penitenciario «Dozza», con el fin de aliviar la presión sobre los centros de detención de menores.
Las cifras aumentaron desde el inicio de la actual legislatura, un periodo marcado por el «Decreto Caivano», que incrementó el recurso a la prisión preventiva y endureció las penas. Paralelamente, se registró un aumento de los delitos cometidos por jóvenes en los últimos cuatro años: los intentos de homicidio y el uso de armas crecieron un 60%, los actos de violencia en general un 50% y los delitos sexuales un 30%.
Se están llevando a cabo diversas actuaciones, que incluyen nuevas aperturas (como la de Rovigo este año) y renovaciones (en L’Aquila y Lecce), las cuales permitieron añadir, hasta la fecha, un centenar de plazas. En los próximos meses se habilitarán otras 150 plazas, tras la ampliación del centro de Casal del Marmo y de otros centros de detención de menores situados en Turín y Bolonia.
La asociación Antigone sostiene una postura distinta al señalar que «en agosto, el 68,1% de las personas recluidas en centros de detención para menores (IPM) no contaban con una sentencia condenatoria firme, y más de una de cada cuatro estaba a la espera de su juicio inicial. En consecuencia, una proporción muy elevada de estos jóvenes se encuentra en prisión como resultado de una política que amplió progresivamente el recurso a la detención, en lugar de mantenerla como una medida de último recurso».
El Partido Democrático (PD), opositor al gobierno, habla de una «deriva sumamente peligrosa» y señala que, «tras haber desmantelado progresivamente el sistema de justicia juvenil, ahora se llega incluso a plantear la posibilidad de destinar espacios dentro de las cárceles para adultos a los menores de edad».
El Movimiento Cinco Estrellas (M5S, de centroizquierda) califica la medida de «propuesta descabellada». Por su parte, la Alianza Verde y de Izquierda (AVS) sostiene que «al abordar la cuestión de los adolescentes de esta manera, el ministro se sitúa en total contradicción con el espíritu de la Constitución».
El partido Più Europa (de ideología liberal y proeuropea) sostiene que «con el decreto de Caivano, Nordio también llenó los centros de detención de menores, que ahora se encuentran al borde del hacinamiento».
Fuente: Agencia ANSA