El ministro Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal (STF), determinó por decisión monocrática la extensión del horario de votación hasta las 19 horas en todo el territorio nacional, tras reclamos por dificultades de transporte público. La medida, adoptada cuando faltaban menos de 30 minutos para el cierre previsto, derivó en la suspensión de la totalización de votos por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y en pedidos de explicaciones sobre el procedimiento en urnas ya cerradas.
El domingo 25 de octubre, el ministro Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal (STF), dispuso mediante decisión monocrática la prórroga de la votación hasta las 19 horas en todo el territorio brasileño. La determinación se produjo luego de un reclamo vinculado a dificultades en el transporte público, inicialmente registradas en municipios de Bahía, aunque problemas similares fueron reportados en otras regiones. Según la decisión, los hechos llegaron al conocimiento del Supremo a las 16.32, cuando faltaban menos de 30 minutos para el horario originalmente previsto para el cierre de la votación.
La medida implicó modificar el horario de cierre de una elección presidencial en un país de dimensiones continentales. El Tribunal Superior Electoral (TSE) debía administrar la ejecución inmediata de la determinación en el momento más sensible del proceso. De acuerdo con el noticiero, el escrutinio ya había comenzado cuando se anunció la prórroga nacional, lo que llevó al TSE a suspender la totalización de los votos.
El texto original plantea una serie de interrogantes sobre la reapertura de urnas electrónicas ya cerradas. Señala que si la urna ya emitió su boletín, consolidando los votos de esa sección, no está claro cómo se recibirían nuevos votos, qué procedimiento técnico previamente reglamentado existe, quién está autorizado a ejecutarlo y cómo se garantiza la preservación de los votos ya registrados y la integridad de los boletines ya impresos y entregados a los fiscales. Asimismo, cuestiona cómo se fiscaliza una elección cuando parte de las urnas concluyó sus trabajos y otra parte permanece en funcionamiento, y quién garantiza la aplicación de las mismas reglas en todas las secciones electorales del país.
El artículo aclara que no afirma que se hayan reabierto urnas irregularmente o que se hayan adulterado votos, sino que exige una respuesta técnica y jurídica para una situación extraordinaria. Sostiene que una urna electrónica cerrada no es un reloj cuyos punteros puedan atrasarse por determinación judicial, y que el proceso electoral posee etapas, protocolos de seguridad, procedimientos de cierre y mecanismos de fiscalización. Añade que no basta con disponer la continuidad de la votación, sino que es indispensable explicar públicamente cómo ejecutar la decisión en las urnas ya cerradas y cuáles garantías preservan la integridad del proceso.
El autor relata que, al momento de escribir, seguía en vivo imágenes de salas de votación de la PUC São Paulo, donde observó un escenario de desorientación, con personas que parecían perdidas ante la situación creada. Aclara que no puede afirmar que la misma situación ocurra en todos los locales de votación, pero que lo observado ya es suficientemente preocupante. Plantea qué deben hacer los miembros de mesa que ya cerraron las urnas, si deben aguardar orientaciones superiores, mantener las secciones abiertas o recibir nuevos electores, y cómo deben proceder quienes ya imprimieron los boletines de urna. Señala que si los responsables de ejecutar la votación no tienen respuestas claras, no se puede exigir tranquilidad y confianza a los electores.
El texto afirma que todo ciudadano debe tener asegurado el derecho a votar y que, si hubo reducción irregular de la oferta de transporte público, los responsables deben ser identificados, investigados y responsabilizados conforme a la ley. No obstante, sostiene que proteger un derecho fundamental no dispensa la obligación de respetar los demás principios constitucionales, y que una decisión destinada a corregir una irregularidad no puede generar una inseguridad mayor. Pregunta por qué la prórroga debería alcanzar indistintamente a todo el territorio nacional si los problemas fueron identificados en determinados municipios, cuál fue el criterio técnico utilizado para justificar esa extensión y si había alternativas menos abarcativas.
El artículo sostiene que el problema excede la decisión de un ministro y se vincula con la confianza del ciudadano en las instituciones de la República. Afirma que la democracia no se sustenta solo en la realización periódica de elecciones, sino que depende de reglas conocidas anticipadamente, autoridades que respeten sus competencias, decisiones fundamentadas y procedimientos transparentes. Agrega que la percepción pública de legitimidad es tan importante como la regularidad formal de los procedimientos, y que no basta con afirmar que una decisión es legal porque partió de un ministro del Supremo, sino que es necesario demostrar su fundamentación, proporcionalidad y compatibilidad con el conjunto de las garantías constitucionales.
El autor hace un llamado público a juristas, constitucionalistas, abogados, a la Orden de los Abogados de Brasil, a las facultades de Derecho, a las entidades representativas de la sociedad civil y a quienes defienden el Estado Democrático de Derecho para exigir esclarecimientos inmediatos, completos y documentados sobre los fundamentos jurídicos, el alcance y la ejecución de la decisión. Considera necesario que la Justicia Electoral esclarezca cuáles secciones tuvieron la votación efectivamente prorrogada, cuáles ya estaban cerradas, cuáles procedimientos fueron adoptados y cómo fueron preservadas las garantías de fiscalización, así como la compatibilización entre la continuidad de la votación y el escrutinio ya iniciado. También juzga imprescindible discutir los límites de las decisiones monocráticas capaces de producir consecuencias profundas sobre la vida democrática nacional.
El texto concluye que no se trata de defender a un candidato u otro, sino el derecho de millones de brasileños a elecciones conducidas con reglas claras, seguridad jurídica y respeto absoluto a la Constitución. Afirma que la soberanía popular no pertenece al STF, al TSE, al gobierno, a la oposición ni a ningún magistrado, sino al pueblo brasileño, y que ningún poder puede tratar la confianza de ese pueblo como algo secundario. Sostiene que la democracia no admite la improvisación institucional como método de gobierno ni puede depender de la voluntad individual de cualquier autoridad, y que si la Justicia debe ser la guardiana de la Constitución, necesita ser también la primera en respetar los límites que ella establece. Cierra con la frase: «¡Qué vergüenza para Brasil!».
El artículo está firmado por un economista, vicepresidente de la Asociación Comercial de São Paulo.