Un inversor afectado por el lanzamiento y colapso del criptoactivo $LIBRA presentó una apelación de 40 carillas para que se revoque el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros nueve acusados. El recurso cuestiona el proceder del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Eduardo Taiano.
Un día hábil después de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyera al presidente Javier Milei, a su hermana Karina Milei y a otros nueve acusados en la causa por el lanzamiento y colapso del criptoactivo $LIBRA, el inversor Juan Patricio Marchetto presentó una apelación de 40 carillas para que se revoque la decisión y continúe la investigación.
Marchetto actúa como «pretenso querellante» y es el primer damnificado que intenta mantener abierta la pesquisa. Su escrito, patrocinado por los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik, sostiene que el juez incurrió en «contradicciones» y «confusiones», realizó una «valoración fragmentaria» de las pruebas y presentó una «fundamentación aparente».
El argumento central de la apelación es que el magistrado confundió la insuficiencia de pruebas con la atipicidad de los hechos. Según Marchetto, el juez concluyó que los hechos no encuadran en ninguna figura penal cuando debió limitarse a señalar que los elementos reunidos hasta el momento no permitían acreditar una hipótesis delictiva.
El recurso también dirige cuestionamientos al fiscal Eduardo Taiano. Sostiene que ocultó información, demoró la tramitación de prueba, omitió citar testigos, no requirió indagatorias y solicitó el sobreseimiento de los once acusados mientras aún subsistían diligencias que él mismo había ordenado y que no habían concluido.
«Cuando la misma Fiscalía que considera necesarias determinadas diligencias promueve posteriormente la clausura definitiva del proceso antes de que estas concluyan, corresponde exigir una explicación especialmente rigurosa acerca de las razones por las cuales aquello que se encontraba investigando perdió relevancia antes de conocerse su resultado», afirmó Marchetto en su presentación.
Entre las medidas pendientes, el inversor mencionó la ampliación de las pericias telefónicas sobre los dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, quienes recibieron fondos del estadounidense Hayden Mark Davis. También señaló que el fiscal no citó a declarar a varios testigos que podrían aportar información relevante, como Ariel Parkinson, Arturo Osete Herraiz, los hermanos Marcelo y Leandro Aranda y la abogada Yanina Nicoletti.
Asimismo, remarcó que ninguno de los once imputados sobreseídos fue convocado a prestar declaración indagatoria. Para Marchetto, esa circunstancia debía evaluarse junto con las diligencias en curso y los elementos que, según su escrito, aún requerían esclarecimiento.
El rol del Presidente
En su apelación, el inversor sostuvo que el expediente contiene indicios que debían analizarse de manera integral para determinar cuál fue el papel del Presidente durante la preparación, el lanzamiento y el colapso del criptoactivo, ocurrido el viernes 14 de febrero de 2025. Uno de los puntos centrales es la secuencia de comunicaciones entre Milei y el lobista Mauricio Novelli, uno de los principales organizadores investigados, durante los minutos previos a la publicación presidencial que difundió $LIBRA.
Según los registros telefónicos citados en el recurso, Novelli realizó llamadas salientes a Milei a las 18:44:32, 18:54:38 y 18:58:02. También recibió una llamada entrante del mandatario a las 18:56:22. La publicación presidencial con el código alfanumérico para comprar el criptoactivo apareció en su cuenta de X a las 19:01:22.
A esa secuencia, Marchetto sumó las operaciones registradas inmediatamente antes de que el público conociera el activo. Según la reconstrucción de transacciones mencionada en el escrito, a las 19:01, 22 segundos antes del mensaje de Milei, 74 billeteras realizaron 87 operaciones por un volumen aproximado de US$ 13,5 millones.
«Existen registros objetivos de comunicaciones entre uno de los principales organizadores investigados [por Novelli] y el Presidente de la Nación durante los minutos inmediatamente anteriores al lanzamiento; existen operaciones realizadas instantes antes de que la información se hiciera pública; y existe, finalmente, la publicación presidencial que permitió que el público general conociera el contrato e ingresara al activo», destacó el inversor.
Para Marchetto, esos elementos deben esclarecer si existió coordinación entre quienes prepararon y promovieron el proyecto, las operaciones previas a su difusión pública y la intervención del Presidente. El recurso cuestiona que esos hechos hayan sido evaluados de manera fragmentaria, sin agotar las medidas necesarias para determinar qué relación pudo existir entre ellos.
La apelación también apunta a los movimientos de fondos posteriores al lanzamiento y a la identidad de quienes captaron la liquidez aportada por los compradores. Marchetto cuestionó que no se hubiera profundizado en quiénes recibieron esos fondos, qué información tenían al operar, qué vínculos mantenían con los organizadores y por qué una porción sustancial del dinero terminó concentrada en determinadas billeteras identificadas durante la investigación.
El informe de la DATIP
Otro de los capítulos centrales de la apelación se refiere al tratamiento del informe de la Dirección General de Investigaciones y Asistencia Tecnológica (DATIP) sobre los dispositivos electrónicos secuestrados. El juez Martínez de Giorgi aludió a irregularidades investigadas en un sumario administrativo por el acceso indebido a documentación reservada del caso y consideró que esas circunstancias afectaban la valoración probatoria del informe.
Marchetto cuestionó ese razonamiento. Sostuvo que el sumario administrativo no acreditó que la empleada investigada hubiera compartido la documentación con una periodista o con terceros ni que el informe hubiera sido manipulado. La presentación también señaló que la fiscalía de Taiano había recibido el informe preliminar en noviembre de 2025, antes de la publicación periodística de los documentos cuestionados.
El inversor planteó un interrogante sobre las razones por las cuales el contenido del informe no se comunicó oportunamente al juzgado y a las partes. «Sigue resultando cuanto menos curioso» conocer la motivación de la Fiscalía para no informar sobre ese material, sostuvo en su presentación.
El derecho a apelar
La presentación de Marchetto también tiene una dimensión procesal. El inversor fue apartado como querellante por Martínez de Giorgi el 3 de julio pasado, lo que confirmó la Cámara Federal. Sin embargo, su exclusión todavía está bajo revisión de la Casación, ante la cual presentó una queja que debe resolverse.
Marchetto advirtió que, si los sobreseimientos quedaran firmes antes de que la Casación resolviera su planteo, una eventual restitución de su condición de querellante podría perder eficacia práctica, ya que sería reincorporado a un expediente cuya investigación ya habría quedado definitivamente cerrada.
Para sostener su derecho a recurrir, citó el plenario «Zichy Thyssen», de 2006, que estableció como doctrina plenaria que el pretenso querellante está legitimado para interponer los recursos de competencia de la Casación, e invocó los derechos de las víctimas reconocidos por la ley, entre ellos el acceso a la justicia, la información, la participación y la tutela judicial efectiva.