Martín Romeo y otros dos inversores impugnaron el sobreseimiento de Javier Milei y otros diez imputados. El recurso cuestiona la falta de análisis de pruebas sobre operaciones previas al anuncio del token, movimientos de fondos y cajas de seguridad.
Martín Romeo, junto con otros dos inversores que afirman haber sufrido pérdidas con el token $LIBRA, presentó una apelación contra el sobreseimiento de Javier Milei y otras diez personas en la causa que investigaba el lanzamiento y posterior colapso de la criptomoneda. La presentación, realizada con el patrocinio del abogado Nicolás Oszust, cuestiona la resolución del 23 de octubre que cerró el expediente y solicita que se revoque.
El recurso sostiene que la investigación quedó incompleta y que no se valoraron debidamente pruebas sobre las operaciones previas al anuncio presidencial, los movimientos de fondos y las cajas de seguridad vinculadas al empresario Mauricio Novelli. También pide la nulidad del dictamen del fiscal Eduardo Taiano por no haberse notificado a los damnificados para que pudieran solicitar su revisión.
Operaciones previas al tuit presidencial
Uno de los ejes de la apelación son las 74 billeteras que, según el escrito, ejecutaron 87 transacciones por unos u$s13,5 millones apenas 22 segundos antes de que Milei publicara el contrato del token en sus redes sociales. Para los apelantes, esa secuencia es incompatible con la hipótesis de que los compradores asumieron los riesgos propios de un mercado volátil.
“Nadie asume el riesgo de que el contrato haya sido entregado de antemano a 74 billeteras, ni de que la salida del dinero estuviera planificada diez días antes del lanzamiento”, sostuvieron en el escrito. Y agregaron: “El engaño no fue una frase aislada: fue la puesta en escena completa, con la investidura presidencial como garantía”.
La presentación reconstruye que el fondo de liquidez del token se creó a las 18.40 del 14 de febrero de 2025, que las primeras compras se registraron a las 19.01 y que el mensaje de Milei se publicó a las 19.01.22. Además, menciona llamadas entre el Presidente y Novelli entre las 18.44 y las 19.03 de ese día, registradas en la extracción del teléfono del empresario.
Cajas de seguridad y movimientos de fondos
Otro tramo de la apelación cuestiona que el hecho de que las cajas de seguridad de Novelli estuvieran vacías al momento de los allanamientos se haya utilizado para descartar la hipótesis delictiva. Según el escrito, Novelli abrió dos cajas en el Banco Galicia el 4 de febrero de 2025 y, tras el colapso del token, el 17 de febrero, María Alicia Rafaele y María Pía Novelli habrían concurrido a vaciarlas. El allanamiento de una de esas cajas se realizó recién el 8 de mayo.
“Que el Estado haya llegado tarde no prueba la inocencia de nadie; al contrario, el vaciamiento inmediato posterior al colapso es un indicio en contra de los imputados”, planteó Romeo.
La presentación también enumera transferencias que considera relevantes: u$s507.400 a una cuenta de Orlando Mellino el 30 de enero; 150.010 USDC a Favio Camilo Rodríguez Blanco; depósitos por más de u$s2,4 millones en cuentas de este último el 4 de febrero; y una transferencia de 695.990 USDT a la bóveda CPE1 ese mismo día.
El acuerdo por u$s1,55 millones
La apelación cuestiona el análisis del documento “Kelsier Group LATAM Agreement”, que contemplaba pagos por u$s1.550.000 a favor de Novelli, Sergio Morales y Manuel Terrones Godoy. Los apelantes sostienen que, aunque el documento no tuviera firmas, existían otros elementos que debían considerarse, como movimientos de fondos por montos coincidentes, una factura emitida por María Pía Novelli a Kelsier Holdings Limited y una anotación encontrada entre los elementos secuestrados al empresario.
Se trata de la nota “Pago Javier kari”, que el recurso vincula con referencias a sumas que podrían haber sido destinadas al Presidente y a Karina Milei. “Un pago que se ejecuta en el monto, la fecha y la billetera previstos en un contrato demuestra que ese contrato existió y se cumplió, con o sin firmas”, argumentaron.
También objeta que se haya tomado como elemento de descargo la respuesta de la Secretaría General de la Presidencia, que informó que no había antecedentes ni documentación de un acuerdo confidencial. Frente a ello, los apelantes mencionan un borrador de acuerdo con “H.” y una carta de intención en la que Hayden Davis se ofrecía como asesor del Presidente, encontrados en el teléfono de Novelli.
Cuestionamientos a la investigación
Otro de los planteos centrales es que el sobreseimiento se dictó sin que los imputados fueran llamados a prestar declaración indagatoria. Romeo también señala que algunas medidas de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) no pudieron concretarse por falta de herramientas técnicas y que la cooperación judicial con Estados Unidos se cerró por considerar insuficientes los elementos aportados.
“Una investigación que no se completó no puede concluir con un pronunciamiento de certeza”, sostuvo.
El recurso discute además el valor asignado a los informes de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), cuestionados en la resolución por presuntas irregularidades en su elaboración y cadena de custodia. Según la presentación, el sumario administrativo invocado no investigó la extracción y el análisis de los dispositivos, sino el eventual acceso sin justificación funcional a determinados archivos, y no se acreditó que las agentes investigadas hubieran filtrado información reservada.
Legitimación para apelar y pedido de nulidad
La apelación incluye una discusión procesal: Romeo argumenta que conserva legitimación para recurrir el sobreseimiento, pese a que fue apartado del rol de querellante por una decisión que aún tiene impugnada ante la Cámara Federal de Casación Penal. Afirma que su reconocimiento inicial como querellante quedó firme y que la resolución posterior que lo excluyó continúa bajo revisión.
Respecto de Krasutskaya y Lapchenko, los otros dos inversores, el escrito plantea que también deben poder recurrir porque su pretensión de ser admitidos como querellantes sigue en revisión. Los tres sostienen que son damnificados directos porque compraron el token y acreditaron las operaciones con documentación, historiales de transacciones y registros de sus billeteras.
Además de pedir que se revoque el sobreseimiento, la apelación solicita la nulidad del dictamen del fiscal Taiano y de la resolución que lo aceptó, con el argumento de que no se les comunicó el pedido fiscal de cierre ni se les dio la posibilidad de solicitar su revisión, un derecho que atribuyen al artículo 80, inciso j), del Código Procesal Penal Federal.
El recurso apunta contra el sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Davis, Chyi Haur Peh —conocido como Julian Peh—, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino. La apelación se suma a la de otro damnificado, Juan Patricio Marchetto, quien también cuestionó los sobreseimientos.