En las primeras audiencias del juicio, la Fiscalía presentó pruebas sobre la conformación y administración de Los Sauces S.A., empresa fundada por Néstor y Cristina Kirchner y su hijo Máximo. Según la acusación, la firma habría sido utilizada para lavar dinero.
En las primeras audiencias del juicio de Hotesur y Los Sauces, la Fiscalía comenzó a exponer su acusación contra la ex presidenta Cristina Kirchner y el diputado Máximo Kirchner, y presentó pruebas sobre el entramado familiar a través del cual se habría permitido una maniobra dedicada a lavar dinero.
Según las pruebas recolectadas en la investigación, la inmobiliaria Los Sauces S.A. fue fundada el 7 de noviembre de 2006 en la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, por los ex mandatarios Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, junto con su hijo Máximo. Lo hicieron ante el escribano Jorge Marcelo Ludueña, procesado en la causa.
Al momento de su conformación, la empresa de la entonces familia presidencial estaba registrada para realizar “actividades inmobiliarias, comerciales, hoteleras, turismo y servicios”.
El capital inicial fue de $100.000, con un 45% perteneciente a Néstor, otro 45% a Cristina y un 10% al hijo de ambos. En ese momento, Máximo fue designado presidente del directorio, mientras que sus padres quedaron como directores suplentes.
La Fiscalía, comandada por el fiscal Diego Velasco, apuntó en el requerimiento de elevación a juicio que durante el período investigado que va de 2006 a 2016, los órganos sociales de Los Sauces “permanecieron en manos de los miembros de la familia Kirchner y/o de personas de su círculo familiar”. Además, se armaron de forma “espejada”.
Máximo estuvo al mando de la compañía hasta el año 2015, cuando asumió como presidenta de la firma Romina de los Ángeles Mercado, hija de la ex gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner y sobrina de los expresidentes.
“Al tratarse de un caso de corrupción que involucraba a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, fue necesario que la firma Los Sauces fuera comandada por personas de confianza”, sostiene la acusación que se expuso ante el Tribunal Oral Federal (TOF) N.º 5.
Máximo y su poder dentro de la empresa familiar
De acuerdo con el escrito presentado por el fiscal, los Kirchner mantuvieron a lo largo de los años “un directorio espejado al órgano de gobierno compuesto con personas de su entorno íntimo familiar”. Así, buscaban “garantizar la realización de la maniobra de lavado de activos” de forma “conjunta y coordinada”.
Tras su fundación, el directorio de Los Sauces quedó conformado por Máximo Kirchner como presidente, y sus padres como directores suplentes. En las dos primeras asambleas de 2007 y 2008, los tres aprobaron los ejercicios económicos.
Sin embargo, a partir de 2009, cuando la empresa empezó a tener actividad con los alquileres a “empresarios amigos” como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Souza, el hijo de la pareja presidencial obtuvo el poder de sus padres para representarlos y tomar decisiones por “unanimidad”.
Así fue como hasta 2015, año en que dejó el directorio de Los Sauces, fue el encargado de aprobar los ejercicios económicos, ratificar las compras de propiedades y la construcción de inmuebles, y también los alquileres a las empresas investigadas en la causa por haber sido parte del lavado.
Tras el fallecimiento de Néstor Kirchner en 2010, en 2012 Florencia Kirchner, hija del matrimonio, ingresó a la firma familiar como vicepresidenta. A partir de 2015, Mercado comenzó a cumplir el rol que había dejado vacante Máximo.
La Fiscalía acusa que tanto los hijos de los ex mandatarios como su sobrina “se encargaron de aprobar la compra de las propiedades con las que se instrumentó el lavado de dinero, de aceptar aportes irrevocables de los accionistas, de suscribir los contratos de locación y de recibir y manejar el flujo de dinero”.
Una inmobiliaria sin sede, sin empleados y sin actividad
A lo largo de la investigación, los fiscales hallaron varias irregularidades con respecto al funcionamiento de Los Sauces. Entre ellas, que no tenía una sede social donde se realizaran las actividades ni empleados.
Por un lado, la acusación advierte que si bien en los documentos aparecen tres domicilios ligados a la inmobiliaria de los Kirchner, ninguno tenía una estructura similar a la de un negocio del rubro: uno era un estudio contable, otro era el domicilio particular de Máximo Kirchner y el otro era el estudio del contador Víctor Manzanares.
Por otro lado, desde 2006 hasta abril de 2010 la empresa no registró ningún empleado, cuando incorporó a uno: el jardinero personal de Cristina Kirchner. En junio de 2015, sumó una más: su hija Florencia Kirchner. La Justicia remarcó que al momento se desconoce qué funciones tenían ambos.
Sin embargo, uno de los puntos más llamativos fue que la inmobiliaria tuvo una “larga etapa de pasividad e inactividad” entre diciembre de 2006 y enero de 2009, cuando empezó su actividad comercial.
Durante dicho período, la firma llevó a cabo un “proceso de adquisición de una decena de propiedades, terrenos y hoteles, cuya incorporación en la firma le permitiría luego canalizar fondos de origen ilícito en concepto de alquileres y acrecentar exponencialmente el patrimonio de la sociedad”.
A la maniobra de presunto lavado se suma que “llamativamente el arrendamiento de ninguna propiedad de la firma fue tratado, analizado ni aprobado por el órgano de administración”, y la Fiscalía afirma que los alquileres se entregaron “directamente a las firmas de los ‘empresarios amigos’”.