El Comité de Derechos Humanos de la ONU cerró su período de sesiones sin decidir sobre la cautelar presentada por la defensa de la expresidenta para que pueda competir en 2027. Una delegación del Comité Internacional ‘Cristina Libre’ se encuentra en Estados Unidos para exponer la situación judicial.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó el viernes su período de sesiones sin dar a conocer una decisión sobre la medida cautelar presentada por la defensa de Cristina Kirchner para que pueda competir en las elecciones de 2027. El organismo volverá a reunirse en marzo del año próximo.
El Comité había advertido a la agencia EFE que una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del caso podría demorar años. En el entorno de la expresidenta sostenían que, por tratarse de una cautelar, la respuesta podría llegar antes.
La condena firme en la causa Vialidad incluye una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por lo que Cristina Fernández de Kirchner no puede presentarse como candidata mientras esa situación no se modifique. Su defensa solicitó ante la ONU que se revisara el proceso y que se suspendiera la prohibición para competir. «Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?», había dicho la ex presidenta en una entrevista publicada el lunes por The Washington Post.
Además, enfrenta dos juicios más: el del caso Cuadernos y el de Hotesur – Los Sauces.
En paralelo, una delegación del Comité Internacional «Cristina Libre» está en Estados Unidos desde ayer para denunciar en Washington y Nueva York la situación judicial de la expresidenta. La comitiva está integrada por el diputado nacional y excanciller Jorge Taiana, la diputada nacional y dirigente sindical de los judiciales Vanesa Siley, el legislador del Parlasur Franco Metaza y la economista Delfina Rossi.
«Llevamos al mundo la denuncia por la proscripción de Cristina: una inhabilitación perpetua que los precedentes internacionales rechazan, porque lo que está en juego es el derecho a elegir y ser elegido», expresó Siley desde Washington.
Entre sus argumentos, señalarán que la próxima elección presidencial será sin la participación del principal dirigente opositor y enunciarán el debilitamiento del sistema democrático.
La Corte Suprema dejó firme en junio de 2025 la condena a seis años de prisión por supuesta administración fraudulenta. La expresidenta también es juzgada en las causas Cuadernos y Hotesur-Los Sauces. Desde marzo de 2025, el Departamento de Estado le prohíbe el ingreso a Estados Unidos por su «participación en importantes casos de corrupción».