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El oficialismo define el temario de la sesión del miércoles: Malvinas, Banco Central y otros proyectos

La Cámara de Diputados tratará el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el acuerdo MERCOSUR-EFTA y la transferencia de competencias penales a la Ciudad. Persisten diferencias en torno al capítulo 7 del proyecto de Malvinas.

La Cámara de Diputados de la Nación tratará el próximo miércoles un temario que incluye el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el Tratado de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), y el Acuerdo de Montevideo y la transferencia de competencias penales de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el oficialismo continúa negociando modificaciones al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, en particular en el capítulo 7 del dictamen, que crea nuevos tipos penales vinculados a la «injerencia extranjera» y requiere una mayoría especial de 129 votos para su aprobación. Los votos para sancionar en general el proyecto estarían asegurados, pero ese capítulo específico está en riesgo.

En una reunión a puerta cerrada en la Presidencia de la Cámara baja, participaron por el oficialismo Gabriel Bornoroni, Silvana Giudici, Nicolás Mayoraz y Laura Rodríguez Machado (esta última de forma virtual), junto con referentes de los bloques del PRO, UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas y otros bloques menores. El Gobierno envió a la subsecretaria de Planeamiento Normativo, Paula Taddei, quien reporta a la Secretaría de Legal y Técnica, María Ibárzabal Murphy, para tomar nota de los reclamos.

La funcionaria escuchó los pedidos de Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y Gisela Scaglia (Provincias Unidas), quienes solicitaron eliminar o modificar profundamente el capítulo 7, según constató NA. El PRO, en cambio, se comprometió a apoyar el proyecto en su totalidad, con o sin modificaciones.

El capítulo 7 prevé multas para extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras que financien campañas electorales, y penas de prisión por facilitar operaciones militares o de inteligencia de un Estado extranjero destinadas a afectar la seguridad nacional o la integridad territorial; por poner secretos a disposición de un Estado o servicio de inteligencia extranjero; y por proporcionar ayuda a operaciones clandestinas de inteligencia. También prohíbe la organización, financiación y ejecución de «campañas de injerencia extranjera» y de «actos de violencia o sabotaje dirigidos contra el Estado argentino o sus habitantes». El texto aclara que no constituyen campaña de injerencia extranjera la actividad diplomática conforme al derecho internacional, la expresión pública de opiniones por un Estado extranjero, el ejercicio del periodismo y la investigación académica, ni la representación de intereses realizada de forma abierta y conforme a la normativa aplicable.

El proyecto de Malvinas, resistido por la oposición, amplía las competencias del Poder Ejecutivo para actuar ante una «amenaza externa» de definición vaga, según críticos. Para el peronismo y la izquierda, la iniciativa concentra poder en el Ejecutivo y permite medidas de excepción. El texto mantiene sanciones penales y económicas por la explotación sin autorización de recursos en la cuenca de Malvinas, con penas de hasta 20 años de prisión para directores, accionistas de empresas, socios y proveedores, aunque excluye a accionistas con participaciones de hasta el 2% y fondos de inversión con intervención indirecta. Las multas se redujeron de entre 20 mil y 100 mil barriles de petróleo a entre 2 mil y 40 mil.

El oficialismo aceptó ampliar la integración del Consejo de Seguridad Nacional con la incorporación como miembros no permanentes del presidente de la Cámara de Diputados, del presidente provisional del Senado y de gobernadores. Este órgano, presidido por el Presidente de la Nación e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica, tendrá a su cargo la coordinación de la estrategia de seguridad, defensa e inteligencia estratégica, la protección de infraestructuras críticas y podrá disponer medidas urgentes ante una amenaza externa grave, como restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros.

El protocolo para el derribo de aeronaves y hundimiento de buques y la autorización para que las Fuerzas Armadas participen en «operaciones no convencionales» son puntos que se mantienen en la reforma y que generan críticas por desdibujar la separación de funciones entre fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas, permitiendo a estas últimas actuar en Seguridad Interior. A pedido del diputado Eduardo Falcone (MID), se creó una Comisión Bicameral de Seguimiento para auditar y monitorear las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional, y el Poder Ejecutivo deberá informar a la bicameral las medidas tomadas en un plazo máximo de 48 horas.

Otro punto polémico es que se da rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) y se habilita la inscripción de organizaciones con «motivos razonables para sospechar». Para la oposición, los conceptos de «terrorismo» y «amenaza externa» tienen definiciones laxas que abren la puerta a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

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