El Juzgado Civil y Comercial Federal N.º 5 hizo lugar a un amparo por mora y fijó un plazo de cinco días hábiles para que la cartera sanitaria se expida sobre una solicitud de inscripción presentada en abril de 2024.
El juez Patricio Maraniello, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Federal N.º 5, ordenó al Ministerio de Salud de la Nación que en el plazo de cinco días hábiles expida el acto administrativo correspondiente a una solicitud de inscripción en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN). La decisión se dictó en el marco de un amparo por mora presentado por una mujer que había iniciado el trámite el 11 de abril de 2024.
Según consta en la causa, la solicitud fue registrada en el sitio oficial del REPROCANN con la documentación requerida y una prescripción médica, pero permaneció en estado “pendiente de evaluación” sin que la autoridad administrativa emitiera una decisión. Ante esa situación, la mujer recurrió a la Justicia para exigir que el Estado cumpliera con su obligación de responder.
Al analizar el expediente, el magistrado consideró acreditado que habían transcurrido más de dos años desde la presentación administrativa sin que existiera una resolución expresa ni una explicación concreta que justificara la demora. Además, advirtió que el Ministerio de Salud no había presentado el informe requerido durante el proceso judicial. Si bien aclaró que esa omisión no implicaba tener automáticamente por reconocidos los hechos denunciados, sostuvo que debía valorarse junto con la documentación aportada y las demás constancias de la causa.
El juez recordó que el artículo 28 de la Ley 19.549 contempla la posibilidad de recurrir al amparo por mora cuando la Administración deja vencer los plazos legales o demora más allá de lo razonable en emitir una respuesta. También señaló que la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos establece que “deben decidirse todas las peticiones formuladas” y que, frente al derecho de petición garantizado por el artículo 14 de la Constitución Nacional, existe una obligación de la Administración de resolver expresamente.
“La falta de decisión, vencidos los plazos correspondientes, constituye una conducta irregular de la administración que perjudica al particular”, sostuvo el juez en su fallo.
La orden fue dictada bajo apercibimiento. No obstante, el magistrado precisó que la sentencia “no importa reconocer a la actora un derecho automático a obtener la inscripción en el REPROCANN”, sino que se limita a exigir que la autoridad competente se pronuncie de manera fundada y conforme a la normativa vigente.
