El máximo tribunal aceptó analizar la legalidad de la proclamación presidencial que suspendió el acceso al asilo para migrantes que crucen la frontera sur. Los alegatos orales se realizarán en la primavera de 2027.
La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar las restricciones implementadas por la administración de Donald Trump sobre el acceso al asilo en la frontera con México. La decisión fue comunicada en una lista de resoluciones publicada el 13 de noviembre, según informó el tribunal.
El máximo tribunal concedió la petición de certiorari —recurso mediante el cual un tribunal superior revisa la decisión de un tribunal inferior— limitada a dos cuestiones planteadas por la administración Trump. La primera evalúa si la proclamación presidencial N° 10.888 y las directrices del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que suspenden la entrada de ciertos migrantes y el acceso al proceso de asilo son legales. La segunda determina si la sección 8 U.S.C. § 1252(f)(1) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) prohíbe a los tribunales inferiores emitir medidas cautelares de alcance colectivo contra la ejecución de las leyes de inmigración.
«Se concede la petición de certiorari limitada a las cuestiones uno y dos planteadas en la petición», indicó la Corte Suprema en el documento.
De acuerdo con el blog especializado Scotus Blog, los alegatos orales ante los magistrados están previstos para la primavera de 2027.
El 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump emitió la proclamación 10.888 tras declarar una «invasión» en la frontera sur. En ese marco, suspendió la entrada de migrantes que cruzaran puertos de entrada y les prohibió solicitar asilo.
«Proclamo que los extranjeros que participen en la invasión de la frontera sur de EE.UU. tienen restringido invocar disposiciones de la INA que permitan su presencia continua en el país hasta que se emita una confirmación de que la irrupción haya cesado», señala el escrito oficial.
Posteriormente, el DHS emitió dos instrucciones internas para procesar a los migrantes que crucen la frontera: la repatriación directa 212(f), que implica la expulsión física inmediata del país sin una orden formal de deportación, y la remoción acelerada 212(f), que emite una notificación y orden de deportación.
La proclamación ha atravesado distintas instancias judiciales. El 3 de febrero de 2025, tres organizaciones sin fines de lucro presentaron una demanda colectiva al considerar que la administración Trump buscaba crear «por decreto» un sistema alternativo de deportación al margen de la ley. El 2 de julio de 2025, el juez de distrito Randolph D. Moss anuló las directrices del DHS por violar la Ley de Inmigración y Nacionalidad. El 24 de abril de 2026, la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia y el 23 de julio rechazó la solicitud de la administración Trump para reconsiderar la decisión. El 27 de julio, el Tribunal de Apelaciones suspendió la entrada en vigor de su fallo a la espera del recurso de la Corte Suprema y, en agosto, la administración Trump presentó la petición de certiorari.
