La baja de derechos de exportación (DEX) anunciada por el Gobierno da respuesta parcial a un creciente reclamo por parte del sector productor. No analizaré aquí sobre la “moralidad” de este impuesto, es decir si, como muchos plantean, los DEX representan o no un “robo” del Estado hacia los particulares. A mi juicio este planteo – de cierta vigencia en las redes sociales – corresponde más al ámbito de la evaluación moral que al del análisis económico propiamente dicho : todo impuesto es, en definitiva, una exacción forzosa de recursos.
La reducción de los DEX tiene dos impactos. Por un lado, sobre el propio sector, por otro sobre el equilibrio fiscal macroeconómico. Relacionado a lo primero, la baja aumenta la capacidad de pago de la exportación en aproximadamente 10 por ciento para soja, y menos de 5 por ciento para los cereales. Esto suponiendo que el mercado funciona en forma perfectamente competitiva, y sin impacto negativo de la restricción resultante de ingresar divisas no más tarde de 15 días a partir de presentada la declaración de exportar.
Si el anuncio de la baja de DEX se hubiera hecho a mediados del año pasado en lugar de en enero, la mejora en los precios esperados hubiera gatillado aumento de uso de insumos con el resultado de un aumento en la producción esperada. Suponiendo una elasticidad de oferta de 0.8, y los incrementos de precio mencionados anteriormente, el incremento de producción esperada resultaría en unos US$2100 millones adicionales para el país. Que luego de julio 2024, el “año vino seco” y posiblemente no se hubiera logrado el incremento de ingresos mencionado resulta del todo irrelevante: la decisión de no bajar los DEX tuvo un costo considerable en términos de pérdida de producción potencial.
Dado el momento en que se anunció la baja de los DEX, esta resulta entonces no como una mejora de precios con consecuencias sobre la oferta inmediata, sino como un “paliativo” por las condiciones desfavorables que enfrenta el sector agrícola tanto por caídas de rindes esperados (sequía) como por precios internacionales, que son hasta un 20 por ciento menores que el promedio del último quinquenio. Una pregunta difícil de responder es qué impacto tiene una caída de ingresos del sector productor sobre el uso de insumos de la campaña siguiente. En el contexto de reducción en los DEX, hasta adonde esta reducción contribuye a atemperar la caída de ingresos con una consecuencia positiva sobre el futuro uso de insumos. La respuesta a la misma depende del grado en que el productor puede complementar recursos propios con otros generados tanto a partir de inversores como de diversas formas de deuda (proveedores, bancos etc). Al respecto, las dificultades enfrentadas por algunos comercios de agroinsumos son una voz de alerta en este sentido.
Un segundo aspecto a analizar es el impacto de esta medida sobre el equilibrio fiscal. Y aquí hay dos aspectos a tomar en cuenta. Uno es que – dado que la medida corre hasta el próximo junio – esta puede resultar en un mayor ritmo de liquidación de mercadería por parte de los productores. Y esto permite al Gobierno “cerrar las cuentas” en estos meses. Pero los productores en algún momento deben vender. Vender ahora o vender más adelante solo cambia el momento en que el Gobierno percibe un eventual ingreso, pero no los ingresos totales. ¿Es condición necesaria para el “equilibrio fiscal” recibir ingresos en el primer semestre, versus recibirlos repartidos a lo largo del 2025? ¿No hay posibilidades de transferir intertemporalmente recursos?
Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) cuantifica el impacto de la reducción de los DEX sobre diversas variables macroeconómicas. Y aquí surgen algunos resultados interesantes. Si bien el “costo fiscal” (reducción de recaudación) es de solo 0.8 por ciento en relación al total de ingresos tributarios totales, representa el 42 por ciento del superávit fiscal. Esto explica la resistencia del Gobierno de reducir o eliminar estos impuestos.
A su vez, este costo fiscal es el 29 por ciento del déficit de las empresas públicas, el 33 por ciento de la inversión real directa, y el 47 por ciento de las transferencias no automáticas a las provincias. Como primera observación, eliminar déficit de empresas públicas mediante privatización permitiría reducir en forma permanente DEX, con impactos positivos sobre el eventual equilibrio fiscal. En forma análoga, las transferencias a las provincias pueden reducirse si estas arbitran una vigorosa reorganización económica.
Resumiendo: un aspecto paradójico es por qué el Gobierno anunció la baja de DEX en enero 2025 en lugar de hacerlo en otoño/invierno de 2024. El costo esperado de esta decisión fue muy alto. Manejar los DEX solo como “política de emergencia agropecuaria” no parece ser muy razonable.
El autor integra la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria y es docente en la Universidad del CEMA
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