Un caso de manipulación de imágenes con inteligencia artificial que involucra a menores de edad será llevado a juicio en Córdoba, en lo que podría convertirse en un antecedente clave para la Justicia argentina. La causa investiga la utilización de rostros reales en videos pornográficos mediante la técnica conocida como “face swapping”, en un contexto de violencia digital y de género, con posibles penas de hasta 20 años de prisión.
En diálogo con Punto a Punto Radio, el abogado de las víctimas, José Dantona, explicó el origen del caso y su relevancia judicial. “La conducta se tradujo en que esta persona entraba a redes sociales, sobre todo Instagram de mis clientas, sacaba la cara y lo montaba sobre videos pornográficos, claramente no de ellas”, detalló. Y agregó: “Con el agravante de que decía los nombres reales de mis clientas y siendo ellas menores de edad”.
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Dantona subrayó que el caso plantea un desafío legal por la falta de tipificación específica. “En Argentina no está previsto como delito autónomo el face swapping”, afirmó. En ese sentido, explicó que la causa se encuadró como lesiones graves agravadas por un contexto de género.
Violencia digital y vacío legal
El abogado remarcó que el caso se enmarca dentro de la violencia digital. “Esto es dentro de un contexto de violencia digital, afecta la reputación digital de las víctimas”, señaló, en referencia a los criterios incorporados por la llamada Ley Olimpia.
Sobre la estrategia de la defensa, indicó que el intento de minimizar el hecho por el borrado del material no prosperó. “El planteo defensivo se vio total y absolutamente dado por tierra”, sostuvo.
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“Hay cataratas de prueba que demuestran que existían. Testigos, registros y hasta intentos del propio imputado de borrar el material sin dejar rastros”, explicó. Además, indicó que pericias oficiales confirmaron el daño causado: “Se determinó que hubo un daño severo para mis dos clientas”.
Posibles penas y nuevas investigaciones
En cuanto a las consecuencias penales, Dantona fue contundente. “Si el juicio fuese hoy, por ser dos víctimas y lesiones graves agravadas por contexto de género, la pena podría ser entre 3 y 20 años”, indicó. El caso podría además derivar en nuevas causas. “En los allanamientos se encontró otro tipo de material que motivó al fiscal a derivarlo a la unidad que investiga delitos contra la integridad sexual”, explicó.
Finalmente, advirtió que la situación judicial del imputado podría agravarse. “Podría tener otra elevación a juicio y posiblemente otra condena, lo cual tornaría su situación absolutamente compleja”, concluyó.