La publicación de los nuevos salarios del Poder Ejecutivo, que superan el 120% en el primer semestre del año, generó críticas y debate sobre la brecha con los ingresos del sector privado y el resto de la administración pública.
La filtración de las nuevas escalas salariales del Poder Ejecutivo para el año 2026 reavivó el debate público sobre los ingresos de los funcionarios de alto rango. Los datos, publicados mediante el DNU 931/2025 del 2 de enero, detallan aumentos superiores al 120% para ministros y secretarios de Estado en los primeros cinco meses del año.
La ex legisladora Ofelia Fernández cuestionó la medida a través de sus redes sociales, en medio de un contexto donde el Gobierno fundamentó la decisión en la necesidad de retener funcionarios ante una fuga hacia el sector privado, luego de un prolongado congelamiento.
Según la información oficial, un ministro que en diciembre de 2025 percibía $3.584.006, pasó a cobrar $7.129.501 en enero, con una proyección de alcanzar los $8.020.866 en mayo. Los secretarios y subsecretarios también experimentaron recomposiciones similares, atadas a las actualizaciones de la administración pública nacional.
Estas cifras contrastan con el promedio salarial de los trabajadores registrados, que ronda los $1,6 millones según el RIPTE, e incluso con los sueldos de base dentro del propio Estado, generando una brecha significativa.
La polémica se extendió al comparar los ingresos del Gabinete con los del Poder Legislativo. Mientras los senadores nacionales, con actualización automática, superarán los $11,6 millones brutos a partir de mayo, los diputados perciben actualmente alrededor de $7,3 millones, al no contar con el mismo mecanismo de ajuste.
El presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel mantuvieron sus sueldos sin cambios, en $4.066.018 y $3.764.821 respectivamente.