Ante datos económicos complejos y una caída en la imagen presidencial, el Gobierno evalúa medidas para aliviar la situación de pymes y familias, mientras la oposición busca capitalizar el descontento.
Un sector del empresariado que apoya al Gobierno ha manifestado inquietudes sobre la sostenibilidad del modelo económico. Estas preocupaciones, transmitidas al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del BCRA, Santiago Bausili, se basan en datos oficiales, encuestas y el clima social detectado entre empleados y proveedores.
En las últimas semanas, el Gobierno implementó una serie de medidas que analistas interpretan como un ajuste pragmático al plan original. Entre ellas, se destacan la decisión de YPF de desacoplar temporalmente el precio local de los combustibles de la volatilidad internacional, y las acciones del Banco Central para relajar encajes bancarios y bajar tasas de interés con el fin de fomentar el crédito.
También se registran otras iniciativas, como la compra de dólares para reservas y la sugerencia a empresas de incluir a proveedores locales en proyectos de inversión en energía y minería. Estas decisiones contrastan con el discurso inicial de mínima intervención estatal.
El propio presidente Javier Milei reconoció esta semana que «la gente no quiere la dolarización» y que muchos argentinos «la están pasando mal». Datos económicos adversos habrían impulsado este giro pragmático.
En el plano político, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, emerge como una figura opositora clave. Kicillof busca construir una «corriente de opinión» crítica al modelo económico, argumentando que deja a millones de personas «afuera». Su objetivo a mediano plazo es presentar una alternativa electoral que dispute la reelección a Milei en 2027, cambiando el eje del debate público.