El economista Miguel Kiguel aseguró que los créditos hipotecarios pueden despegar rápido si hay voluntad política y se utiliza el Fondo de Garantía de Sustentabilidad como fondeador, sin generar déficit fiscal.
El crédito hipotecario es considerado por muchos actores del mercado inmobiliario como una herramienta de justicia social, pero en Argentina no termina de despegar. Según el economista Miguel Kiguel, el problema no es la demanda ni las tasas, sino un cuello de botella estructural: los bancos no pueden prestar a 20 o 30 años cuando su fondeo depende de depósitos a 30 días.
En el marco del décimo Congreso de la Construcción, realizado en la Expo Construir, Kiguel dialogó con Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresarial de Desarrolladores Urbanos (CEDU), sobre la necesidad de reactivar el sector. Tabakman señaló que la construcción privada enfrenta un encarecimiento de los costos en dólares que no fue acompañado por los precios de venta, afectando la rentabilidad.
Kiguel propuso utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) como financista del sistema. El FGS cuenta con aproximadamente US$70.000 millones en activos, de los cuales unos US$11.000 millones corresponden a acciones de empresas que cotizan en bolsa. “Hoy tenés esa plata durmiendo en acciones y vos, en vez de tenerla durmiendo, la ponés a trabajar en la economía”, afirmó.
La propuesta consiste en que los bancos originen créditos hipotecarios con estándares comunes y luego los vendan al FGS para recuperar liquidez y seguir prestando. Según Kiguel, volcar apenas el 1% del PBI (unos US$7.000 millones) al mercado hipotecario podría generar entre un 2% y 3% de crecimiento en el nivel de actividad por el efecto multiplicador de la construcción.
El economista destacó que esta medida no genera déficit fiscal, ya que no es gasto público sino financiamiento. “Esto va con la ideología del Gobierno. Este para mí es el instrumento ideal. Requiere salir del letargo, empezar a hacer cosas”, sostuvo. Además, señaló que el proceso es técnicamente sencillo y los bancos podrían acordar la documentación necesaria en apenas dos semanas, siempre que exista voluntad política y protección legal para los funcionarios.