El pliego de Guillermo Arias, primero en el orden de méritos para reemplazar a Marta Vidal, llegará a la Legislatura de Córdoba con cuestionamientos de la oposición por la falta de transmisión pública de las entrevistas.
La designación del próximo juez electoral de Córdoba continúa bajo tensión política. El pliego de Guillermo Arias, primero en el orden de méritos del concurso para reemplazar a Marta Vidal, llegará a la Legislatura con cuestionamientos de parte de la oposición al proceso de selección y, particularmente, por la decisión de no transmitir públicamente las entrevistas de los postulantes.
El Frente Cívico, la UCR y sectores libertarios coinciden en objetar la falta de publicidad de esa instancia, aunque con matices. El juecismo anticipó que rechazará el pliego en el recinto. La bancada que conduce Walter Nostrala cuestionó el “secretismo” de las entrevistas tomadas por el Consejo de la Magistratura y reclamó que fueran públicas, como ocurre a nivel nacional.
En el radicalismo aún no existe una posición orgánica formal. El intercambio se mantiene en apreciaciones individuales, aunque algunos sectores ya dejaron trascender su intención de rechazar el pliego. Matías Gvozdenovich acusó al gobernador Martín Llaryora de “peronizar la justicia”. Según el radicalismo, la discusión no está centrada en Arias, sino en el procedimiento. En ese marco, la UCR insistió en reformar el Consejo de la Magistratura e incorporar representación opositora.
La iniciativa de la legisladora Alejandra Ferrero plantea ampliar de nueve a once los integrantes del organismo, sumando un segundo representante de la primera minoría legislativa y al Defensor General de la Provincia como integrante permanente. El planteo también fue materializado en un proyecto por Gregorio Hernández Maqueda que está “cajoneado”.
Fecha clave: 1 de septiembre
El oficialismo provincial busca que Guillermo Arias asuma el 1 de septiembre como nuevo titular del Juzgado Electoral de Córdoba. Para ese objetivo, agosto será un mes de actividad institucional: primero deberá publicarse el acuerdo con la orden de méritos; luego se realizará la audiencia pública correspondiente al postulante que quedó en primer lugar, instancia en la que podrán formularse avales e impugnaciones. Después, el gobernador Llaryora deberá emitir el decreto con el pliego de designación. Finalmente, el nombre de Arias llegará al recinto de la Legislatura para el acuerdo correspondiente y, posteriormente, la jura.
Arias, histórico secretario legislativo de extracción peronista con más de dos décadas en esa función, quedó primero en el concurso con 85,06 puntos, 2,73 por encima de Diego Frossasco (UCR y la academia), que terminó segundo con 82,33. Tercera quedó María Emilia Mimessi (ámbito judicial), con 77,70.
Rechazo opositor
El cuestionamiento opositor se concentró en la falta de publicidad de las entrevistas, una instancia con mayor margen de valoración subjetiva. El juecismo convirtió ese punto en el argumento central para anticipar su rechazo. Nostrala advirtió que, si el método utilizado “no fue transparente”, tampoco corresponde aprobar posteriormente el resultado de ese procedimiento. “Si vos no aprobás el método, tampoco podés aprobar después a quién seleccionaron”, declaró, y añadió dudas sobre la independencia del futuro juez electoral por su histórica pertenencia al peronismo. “No podés poner a un militante en este juzgado”, sentenció.
En esa línea, sostuvo que el cargo electoral requiere un nivel especial de independencia porque el magistrado deberá intervenir en eventuales conflictos entre el oficialismo y los partidos de la oposición, particularmente de cara a las elecciones de 2027.
La UCR también puso el foco en el proceso. Gvozdenovich señaló que el problema no es la persona de Arias, sino la forma en que el peronismo condujo el concurso. Desde esa mirada, el oficialismo provincial habría desaprovechado la posibilidad de construir “una señal institucional y de garantizar mayor independencia” en un cargo estratégico del Poder Judicial, aportó una voz de la Unicameral.
La crítica apunta a que el gobernador habría tenido la posibilidad de enviar una señal política diferente mediante la elección de un perfil opositor, independiente o proveniente del Poder Judicial. “Se podría haber dado una señal institucional. Pero se hizo a lo Llaryora”, fue la síntesis de ese planteo.
Otras voces
“Guillermo Arias es una gran persona y un buen funcionario con reconocimiento y estima de todos los partidos políticos. El desafío que tendrá como Juez Electoral será demostrar que su designación no se trata de un capítulo más del peronismo metiendo la mano política en la justicia de Córdoba”, declaró Oscar Agost Carreño.
Por su parte, Agustín Spaccesi cuestionó al gobierno provincial por no haber transmitido las entrevistas, pero al mismo tiempo apuntó contra la oposición radical por su “doble vara” según la coyuntura. Para el libertario autónomo, fue “una torpeza o un desatino” no haber hecho públicas las audiencias, una medida que, según sostuvo, no implicaba un costo significativo para el gobierno. Vinculó esa decisión a “esa politiquería barata de no dar el brazo a torcer”. Al mismo tiempo, cuestionó a los radicales que ahora reclaman mayor transparencia y recordó el proceso mediante el cual Marta Vidal llegó a dedo al cargo en 1998. “No puede ser que la postura cambie de acuerdo al lado del mostrador que estás”, reprochó.
Defensa del concurso
Frente a la ofensiva opositora, el oficialismo salió a respaldar tanto el procedimiento como al postulante. Facundo Torres, jefe de la bancada oficialista e integrante del Consejo de la Magistratura, defendió el concurso y rechazó los cuestionamientos. “El concurso para cubrir el cargo de Juez Electoral fue el resultado de un proceso serio y transparente”, aseguró Torres, quien también salió en defensa de Arias, “respetado y querido por todo el arco político cordobés”. Y redobló su embate contra el intento opositor de instalar sospechas sobre el concurso.
El jefe del bloque oficialista, además, devolvió la acusación al juecismo y habló de una “doble vara” a la hora de evaluar los procesos institucionales de Córdoba frente a las designaciones nacionales.
El reemplazo de Marta Vidal no es un trámite judicial más: ya se convirtió en un nuevo capítulo de la disputa entre el peronismo y la oposición cordobesa. El Juzgado Electoral tendrá bajo su órbita una función central en un escenario político atravesado por la disputa que comienza a configurarse rumbo a 2027.