La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas expresó su desacuerdo con la reglamentación del gobierno, al considerar que mantiene la obligatoriedad de contribuciones que la reforma laboral buscaba eliminar.
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) manifestó su rechazo al Decreto 612/2026, dictado por el Poder Ejecutivo, que reglamenta los aportes obligatorios previstos en convenios colectivos. La entidad sostuvo que la normativa representa un retroceso en la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
En un comunicado, CADAM ratificó su respaldo al rumbo macroeconómico y al ordenamiento de las cuentas públicas, pero advirtió que el nuevo texto desvirtúa un objetivo central de la reforma promovida originalmente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger: eliminar la obligación patronal de financiar estructuras corporativas ajenas mediante contribuciones que aumentan el costo laboral.
La cámara indicó que las empresas están obligadas a realizar aportes al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), aunque el empleado no reciba capacitación. Según la entidad, con ese argumento se recaudan más de $30.000 millones al año, que se distribuyen entre determinadas cámaras empresarias, aun cuando las empresas no quieran asociarse a ellas.
“No queremos que se nos obligue a financiar estructuras que no nos representan. Una cosa es que una empresa decida asociarse voluntariamente y aportar a una cámara o institución que defiende sus intereses, y otra muy diferente es imponer una contribución mediante una negociación colectiva en la que no participó”, afirmaron desde CADAM.
Para la entidad, las modificaciones legislativas y la posterior reglamentación del decreto presidencial anularon la promesa oficial de una flexibilización de costos. El proyecto original establecía la estricta voluntariedad de los aportes patronales especiales a cámaras y asociaciones previstos en los convenios colectivos. El texto definitivo, en cambio, estableció un tope del 0,5% de las remuneraciones que el Decreto 612/2026 direcciona hacia fines sociales y asistenciales de los trabajadores, sin eliminar la obligatoriedad de la carga.
“Si el objetivo de la reforma era terminar con cargas laborales y costos que no responden a una decisión libre de las empresas, no puede ocurrir que, después de sancionada la ley, se vuelva a introducir por vía reglamentaria un mecanismo que genere precisamente ese efecto”, advirtieron.