Más de mil académicos, científicos, investigadores y referentes del sector tecnológico de distintas provincias firmaron una carta abierta dirigida a los senadores en la que cuestionan el proyecto conocido como Súper RIGI, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y comenzó a ser analizado en el Senado.
Más de mil académicos, científicos, investigadores y referentes del sector tecnológico de distintas provincias expresaron su rechazo al proyecto conocido como Súper RIGI, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y comenzó a ser analizado en el Senado. A través de una carta abierta dirigida a los senadores, cuestionaron los beneficios que la iniciativa contempla para grandes inversiones tecnológicas y advirtieron sobre sus posibles efectos en materia fiscal, ambiental y regulatoria.
Los firmantes sostienen que este proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, establece beneficios fiscales, estabilidad regulatoria durante décadas y mecanismos de protección jurídica excepcionales para grandes corporaciones tecnológicas, sin exigir, según plantean, compromisos equivalentes en materia de empleo local, transferencia de tecnología o desarrollo de capacidades nacionales.
“El Súper RIGI no es una ley de promoción de inversiones, es la renuncia al derecho de regular sectores estratégicos durante una generación entera”, afirma el documento.
La carta también plantea reparos por la eventual combinación de este régimen con otra reforma que se encuentra en discusión: el reconocimiento de personalidad jurídica a entidades operadas íntegramente por inteligencia artificial. Para los académicos, ambas iniciativas podrían conformar un esquema legal que otorgue amplios privilegios a grandes empresas tecnológicas sin mecanismos suficientes de control ni responsabilidades claramente delimitadas.
El proyecto constituye una de las principales apuestas del gobierno de Javier Milei para posicionar a la Argentina como un polo regional de inversiones en inteligencia artificial, centros de datos e infraestructura digital. La iniciativa busca atraer proyectos de al menos US$ 1.000 millones mediante un régimen de beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros, estabilidad regulatoria por 30 años y mayor seguridad jurídica. Para el oficialismo, estas condiciones permitirán captar inversiones de grandes empresas tecnológicas y desarrollar nuevas cadenas de valor vinculadas a la economía digital.
Cuestionamientos a los beneficios fiscales
Uno de los principales ejes del documento es el costo de los incentivos previstos. Los firmantes consideran que la magnitud de las exenciones resulta injustificada frente a la evidencia internacional, que —según sostienen— indica que los beneficios impositivos no constituyen el principal factor que determina dónde las empresas deciden instalar sus centros de datos.
También cuestionan la estabilidad regulatoria prevista por el proyecto. Según la carta, garantizar determinadas condiciones durante 30 años podría limitar la capacidad de los futuros gobiernos para establecer nuevas regulaciones en sectores considerados estratégicos.
“Mientras el mundo debate cómo regular a las grandes tecnológicas, Argentina no puede resignar su capacidad de hacerlo”, sostienen.
En ese sentido, el documento menciona el conflicto judicial en torno a YPF como una advertencia sobre los costos que puede tener, a juicio de los firmantes, la cesión de soberanía jurídica en sectores estratégicos. También cuestiona el recurso a mecanismos de arbitraje internacional que puedan limitar la jurisdicción argentina.
La preocupación por el agua y la energía
Otro de los puntos centrales de la carta es el impacto ambiental que podrían generar las inversiones en infraestructura tecnológica de gran escala, particularmente aquellas vinculadas con inteligencia artificial.
Los académicos advierten que los centros de datos requieren grandes cantidades de electricidad y agua y sostienen que cualquier régimen de promoción debería establecer límites y obligaciones concretas sobre el uso de recursos naturales y las emisiones de carbono.
“En un contexto de estrés hídrico y crisis climática, eso no es un detalle técnico: es una decisión sobre el territorio y los recursos de las próximas generaciones”, señala el documento.
Para los firmantes, la discusión sobre el régimen de inversiones no puede reducirse al volumen de capital que podría ingresar al país, sino que debe contemplar también sus consecuencias sobre los recursos naturales y la capacidad del Estado para definir políticas públicas a largo plazo.
La crítica al desfinanciamiento científico
La carta también establece una comparación entre los beneficios que recibirían las grandes empresas tecnológicas y la situación del sistema científico argentino.
Los investigadores cuestionan el desfinanciamiento del CONICET, la reducción de recursos destinados a las universidades y la pérdida de capital humano especializado. Consideran que estas políticas debilitan las posibilidades de construir una estrategia tecnológica basada en capacidades propias.
“Ningún país construye soberanía tecnológica de esa forma. Eso no es una política de desarrollo: es su negación”, afirman.
El documento fue firmado por docentes, investigadores y miembros de universidades nacionales de distintas regiones del país, entre ellas la UBA, UNLP, UNR, UNL, UNC, UNRC, UNCuyo, UNSJ, UNSa, UNJu, UNRN, UNCo, UNER, UNTDF, UNSE, UNSL y UNPSJB.
También aparecen integrantes de universidades del conurbano bonaerense, como UNQ, UNSAM, UNAHUR, UNM, UNDAV, UNNOBA, UNLa y UNTREF, además de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Entre los organismos científicos y tecnológicos representados figuran investigadores y trabajadores del CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires (CIC PBA) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), entre otras instituciones.
En el tramo final, los firmantes reclaman que el Senado evalúe el proyecto a partir de sus efectos sobre el empleo, los recursos naturales, la soberanía tecnológica y la capacidad futura del Estado para definir el modelo de desarrollo.
“La Argentina necesita inversión y nuevas tecnologías. Pero no a cualquier precio, y no resignando para siempre las herramientas para decidir su propio desarrollo”, concluye la carta.