El femicidio de Rocío Belén Gómez en Santa María de Punilla reabrió el debate sobre el cumplimiento efectivo de las medidas judiciales. El condenado Maximiliano Baudraco tenía una pena de ejecución condicional por amenazas y no cumplía las condiciones impuestas. El caso se suma a otros fallos donde el Poder Judicial no ejecutó las restricciones, según expedientes y declaraciones oficiales.
La muerte de Rocío Belén Gómez, ocurrida en la ciudad cordobesa de Santa María de Punilla, fue causada por su expareja Maximiliano Baudraco, quien la atacó con un arma blanca. Baudraco tenía una condena de dos años de ejecución condicional por amenazas en contexto de violencia familiar, según consta en el expediente.
El Patronato del Liberado informó al juez de ejecución, Facundo Moyano Centeno, que Baudraco no cumplía con las condiciones de su condena. Entre las obligaciones incumplidas se encontraban: abstenerse de consumir estupefacientes o alcohol, realizar trabajo comunitario de cuatro horas semanales, completar estudios, asistir a psicoterapia por violencia y adicciones, y respetar una medida de restricción recíproca con la víctima.
El juez Moyano Centeno ya había sido señalado en otro caso por no revocar la prisión domiciliaria de Horacio Grasso, expolicía condenado en 2007 por el asesinato de un niño de seis años. Grasso había sido beneficiado con prisión domiciliaria por problemas de salud, pero el Servicio Penitenciario reportó 250 infracciones a las condiciones impuestas. Pese a ello, el beneficio no fue revocado. Grasso está imputado por homicidio calificado agravado por violencia de género contra Milagros Basto, hallada muerta en el departamento donde cumplía condena. En el mismo inmueble se registró un abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y suministro de drogas y alcohol contra una mujer de su círculo cercano.
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba abrió un sumario contra el magistrado Moyano Centeno por su actuación en estos casos.
En otro expediente, Esteban Delgado fue imputado en diciembre de 2024 por abuso sexual agravado por el vínculo contra dos de sus hijas, una de las cuales fue asesinada en octubre de ese año. El juez fijó prisión preventiva hasta diciembre de 2026, pero en agosto de 2025 la Cámara de Apelaciones de Rosario acortó el plazo a junio de 2026. El fiscal Maximiliano Nicosia Herrero, que había formulado la imputación, no solicitó la prórroga antes del vencimiento, por lo que Delgado fue excarcelado.
Nicosia declaró que el 1 de junio el expediente pasó al fiscal Javier Paz por reorganización interna, y que la causa ya no era de su competencia. La víctima de 15 años se enteró de la liberación de su padre cuando un vecino le informó que lo había visto en el barrio. Una prohibición de acercamiento dictada por un juzgado de Familia permitió que Delgado volviera a ser detenido.