La Cámara de Diputados retomará hoy el tratamiento de un proyecto para adherir al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), en el marco del acuerdo de comercio e inversiones firmado entre el presidente Javier Milei y su par de Estados Unidos, Donald Trump.
La Cámara de Diputados de la Nación tiene previsto continuar hoy el debate sobre la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés). El tema comenzó a tratarse en el Congreso en 1998, sin que hasta el momento se haya logrado un avance.
El proyecto se enmarca en el acuerdo de comercio e inversiones firmado este año entre el presidente Javier Milei y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Dicho entendimiento incluye la adhesión al PCT, un convenio internacional ratificado por 158 países, entre ellos Estados Unidos, China, Japón y Alemania, y por vecinos como Chile y Uruguay.
Según declaraciones de la abogada chilena Loreto Bresky, especialista en patentes industriales, la Argentina ocupa el puesto 77 en el índice de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que mide las solicitudes de patentes registradas anualmente entre 139 economías. En 2024, China presentó 70.160 solicitudes PCT, mientras que Estados Unidos registró 54.087.
En el ámbito local, los principales solicitantes de patentes fueron el Conicet (114), la Universidad de Buenos Aires (13) y Laboratorios Bagó (6). Bresky afirmó que el 80% al 90% del valor de las empresas más importantes depende de sus activos intangibles.
La Argentina tampoco adhirió al Protocolo de Madrid sobre marcas, que abarca a 133 países, ni al Protocolo de La Haya sobre diseños industriales. En el caso del Protocolo de Madrid, se argumenta que su adhesión permitiría a las empresas argentinas proteger sus marcas en decenas de países con un único trámite, reducir costos y beneficiar a las pymes.
En el marco del acuerdo con Estados Unidos, también se debate la adhesión al UPOV-91, que establece normas sobre protección de nuevas variedades vegetales. La Argentina mantiene su adhesión al UPOV-78, que permite un mayor margen para los fitomejoradores. En este contexto, productores y empresas semilleras mantienen diferencias sobre el «uso propio» de semillas, reconocido por la ley 20.247, que permite a los productores guardar parte de su cosecha para resembrar en su propia explotación.