San Lorenzo fue condenado a pagar US$4.369.889,11 por el juicio iniciado por Ignacio Piatti y la sede de Avenida La Plata 1782 permanece embargada desde marzo de 2025. La próxima audiencia se realizará el 24 de septiembre.
San Lorenzo fue condenado a pagar un total de US$4.369.889,11 por el juicio iniciado por Ignacio Piatti. La sede del club, ubicada en Avenida La Plata 1782, se encuentra embargada desde marzo de 2025 y podría ser rematada si no se alcanza un acuerdo.
El club mantuvo una audiencia con el exfutbolista y su representación legal, pero no se llegó a un acuerdo. Se fijó una nueva reunión para el próximo 24 de septiembre.
San Lorenzo informó que durante la audiencia presentó una propuesta que incluía un pago de dinero y la cesión de una parte de sus futuros derechos de televisación para cancelar la obligación. La oferta no fue aceptada por Piatti. De persistir la falta de acuerdo, la parte demandante está habilitada a avanzar judicialmente con el pedido de remate de la propiedad.
La suma total establecida por la Justicia incluye US$2.292.716,47 correspondientes a rubros indemnizatorios para Piatti y US$458.543,29 de intereses. También contempla US$786.648,42 por honorarios de la representación legal del jugador, US$611.880,16 por honorarios de los abogados del club, US$137.562,98 para el perito contador y US$82.537,79 en concepto de tasa de Justicia.
La propuesta de pago atada a la cesión de derechos de TV tiene antecedentes. Lucas Menossi recibe US$80.000 mensuales a través de dos acuerdos judiciales, mientras que Fabricio Coloccini percibe US$55.000 por mes vinculados con reclamos anteriores.
El juicio tiene origen en la segunda etapa de Piatti como futbolista de San Lorenzo, que comenzó a principios de 2020 durante la presidencia de Marcelo Tinelli. El mediocampista disputó diez encuentros durante aquel ciclo y, a fines de ese mismo año, el club decidió ejecutar una cláusula unilateral para rescindir anticipadamente su contrato. Piatti inició luego una demanda en la que reclamó indemnizaciones por la ruptura del vínculo y la aplicación de la normativa laboral vigente durante la pandemia.