El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, se refirió este jueves a las nuevas sanciones anunciadas por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, contra el nieto del expresidente Raúl Castro, una entidad financiera estatal y varias empresas energéticas.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, se pronunció este jueves en sus redes sociales sobre las sanciones anunciadas por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, contra Fidel Ernesto Castro Calis, nieto del expresidente cubano Raúl Castro; el Banco Exterior de Cuba y varias empresas energéticas.
Rodríguez afirmó que «el Secretario de Estado de EEUU lleva dos días consecutivos mintiendo sobre Cuba nuevamente. Una manía de la que no se desprende». Además, sostuvo que «es su manera y la de su gobierno de intentar justificar una agresión cruel y despiadada contra el pueblo cubano que no admite excusa política o moral».
El ministro también señaló que «el castigo colectivo es un crimen» y que «lo es provocar sufrimiento a toda una población con medidas fríamente calculadas para inducir una crisis humanitaria». En su mensaje, exigió: «Basta de abuso. Acaben de poner fin al bloqueo y permitan a Cuba vivir en paz, con sus propios esfuerzos y el concurso unido de su noble y bravo pueblo».
Por su parte, Marco Rubio declaró en un comunicado que las nuevas designaciones «reflejan la visión inquebrantable del presidente Trump de una Cuba libre».
En los últimos meses, Washington ha impuesto sanciones a entidades estatales y autoridades cubanas, incluyendo al presidente Miguel Díaz-Canel, miembros de la familia Castro, el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Álvaro López Miera, y viceministros de esa cartera.
El presidente Trump estableció el 1 de mayo una Orden Ejecutiva que amenaza con sanciones a toda persona o entidad que apoye financiera, material o tecnológicamente al Gobierno cubano o que opere en sectores clave de la isla, como energía, defensa, finanzas y minería. También incluye la prohibición de entrada a Estados Unidos para personas extranjeras que hayan mantenido relaciones con entidades gubernamentales cubanas, estén implicados en violaciones de derechos humanos o en actos de corrupción.
Desde entonces, se han anunciado tandas de sanciones cada dos semanas, comenzando por el conglomerado empresarial de las FAR, Gaesa, y su presidenta, Ania Guillermina Lastres. Luego se sumaron los ministros de Comunicaciones, Mayra Arevich, y de Energía y Minas, Vicente de la O Levy; los ministerios de Turismo y de la Construcción; y empresas mineras como Moa Nickel S.A., Geominera S.A., Cubapetróleo y la Siderúrgica José Martí (Antillana de Acero).
Cuba enfrenta una crisis energética desde mediados de 2024, agudizada desde enero por las restricciones petroleras de EE.UU., con apagones de más de 20 horas en La Habana y hasta 72 horas en el resto del país. Esta situación ha agravado la crisis económica que la isla arrastra desde hace seis años. Según proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la economía estatal podría contraerse al menos un 6,5 %; economistas independientes estiman una caída acumulada superior al 15 % entre 2020 y 2025.