El cierre del mercado europeo a la carne brasileña por motivos sanitarios permite extraer algunas enseñanzas a la Argentina
La Unión Europea (UE) suspendió las importaciones de carne y otros productos de Brasil por falta de garantías sobre el control en el uso de antibióticos en la ganadería. La medida afecta exportaciones brasileñas por más de 1.000 millones de dólares en carne bovina y casi 800 millones en carne aviar.
La UE busca combatir la resistencia de los microorganismos a los antimicrobianos y exige un uso responsable de los antibióticos en la producción animal. En mayo pasado, el bloque comunitario retiró a Brasil de la lista de naciones con reconocimiento al respeto de las reglas europeas sobre uso intensivo de antibióticos. Ante la falta de respuestas positivas, las autoridades comunitarias decidieron suspender las importaciones hasta contar con garantías mínimas sobre trazabilidad.
El gobierno brasileño criticó el veto y anunció que recurrirá a los mecanismos de solución de controversias previstos en el acuerdo Mercosur-UE y en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
En Argentina, el caso genera un análisis sobre la importancia de la sanidad animal y la inocuidad. El país cuenta con sistemas de trazabilidad e información de la producción ganadera y con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que otorga garantías de inocuidad. La crisis de la fiebre aftosa de fines de los años 90 y principios de este siglo demostró que la confianza se puede perder rápidamente y recuperarla puede llevar años.
El concepto de sustentabilidad se está transformando en reglas concretas que afectan los negocios. Entre ellas, se encuentra el impulso a los mercados de carbono. La Sociedad Rural Argentina (SRA) señaló en un informe que el mercado de créditos de carbono podría representar para el país una oportunidad económica de aproximadamente 4.800 millones de dólares anuales. La entidad sostuvo que los recursos “no pueden estar concentrados en intermediarios ni bajo un esquema de administración estatal, sino que lleguen a los propietarios y productores que generan y sostienen los proyectos”.
Eloísa Frederking, vicepresidenta segunda de la SRA, declaró que “estos recursos van a ir hacia regiones donde el desarrollo del país ha quedado inmovilizado ante la presión del ambientalismo extremo y leyes que generaron pobreza estructural”.
Según la entidad, el desarrollo del mercado de carbono puede generar una nueva fuente de ingresos para productores y comunidades del NEA, NOA y la Patagonia, donde existen superficies con potencial para proyectos de conservación y captura de carbono.
La sustentabilidad, además de ambiental, es social y económica. La producción agroindustrial argentina, según el análisis, está en condiciones de responder a las demandas de sanidad y calidad de los mercados globales.