El Ejecutivo nacional pondrá en venta en las próximas semanas sus participaciones en dos centrales termoeléctricas, con una expectativa de ingresos de unos US$600 millones. A esto se suman el proceso por AySA, valuado en US$500 millones, y un nuevo intento por Intercargo. Los fondos se destinarán al pago de vencimientos de deuda.
El Gobierno nacional lanzará en las próximas semanas una nueva etapa de privatizaciones de empresas públicas, con el objetivo de obtener más de US$1000 millones antes de fin de año. Según informaron fuentes oficiales a LA NACION, los ingresos están contemplados en el programa financiero del ministro de Economía, Luis Caputo, para afrontar vencimientos de deuda hasta 2027.
El primer movimiento será la venta de las participaciones estatales en las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano y José de San Martín, que el Estado controla a través de Energía Argentina (Enarsa). Enarsa posee el 65,006% de la primera y el 68,83% de la segunda. En el mercado se estima que la operación podría reportar unos US$600 millones en total, aunque el precio final se definirá en los procesos competitivos.
Ambas centrales son ciclos combinados de gran escala, con una potencia neta de 865 MW cada una. La Manuel Belgrano está ubicada en Campana, provincia de Buenos Aires, y durante 2024 generó 4452 GWh, con un consumo de 766 millones de metros cúbicos de gas natural. La José de San Martín opera en Timbúes, Santa Fe, donde produjo 3338 GWh y demandó 540 millones de metros cúbicos.
En ambas sociedades, Enarsa comparte el capital con generadoras privadas como Central Puerto, AES Argentina Generación, Enel Generación El Chocón y Pampa Energía, entre otras. La venta de estas participaciones forma parte del proceso de privatización por etapas de Enarsa, que ya transfirió su participación en Citelec, controlante de Transener, por US$356 millones, y adjudicó las concesiones de las represas del Comahue, con ingresos superiores a US$700 millones.
En paralelo, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), conducida por Diego Chaher, prepara una nueva ronda de concesiones de activos energéticos. La agenda incluye cuatro complejos hidroeléctricos cuyos contratos originales vencieron: Futaleufú (Chubut), el sistema Diamante (Mendoza), Río Hondo-Los Quiroga (Tucumán y Santiago del Estero) y los complejos El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo (Tucumán). Los contratos, otorgados en la década de 1990 por 30 años, ya expiraron, por lo que las centrales operan bajo esquemas transitorios mientras se preparan los nuevos concursos.
La ATEP también analiza otorgar concesiones por 30 años para la operación de los grandes gasoductos de Enarsa, entre ellos el Gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner), la Reversión del Gasoducto Norte, el Mercedes-Cardales, el Gasoducto del Noreste Argentino y el Juana Azurduy. En conjunto, suman más de 3100 kilómetros. Según fuentes, se estudia una compulsa nacional e internacional en la que uno de los criterios de selección sería la tarifa de transporte más competitiva.
La operación de mayor escala ya en marcha es la de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). El Estado puso en venta el 90% de las acciones mediante una licitación sin precio base. La presentación de ofertas fue trasladada al 15 de septiembre, día en que se abrirá la primera etapa. En el Gobierno esperan obtener unos US$500 millones. El pliego incluye compromisos de inversión por US$1940 millones en los primeros cinco años y hasta US$15.040 millones a lo largo de los 30 años de concesión.
Por otro lado, el Gobierno relanzará la privatización de Intercargo, la empresa de servicios aeroportuarios con más de 1500 empleados. En la primera licitación, que contemplaba un precio base de US$45 millones, no se recibieron ofertas. El nuevo llamado no tendrá precio base y, antes de la transferencia, el Tesoro retirará una parte sustancial de la liquidez acumulada en la compañía. Según información oficial, Intercargo tenía unos US$55 millones en activos corrientes, mientras que una valuación encargada a Deloitte estimó un valor cercano a US$30 millones.
La aceleración de las privatizaciones responde a necesidades financieras. Según cálculos de Econviews, las necesidades financieras de 2027 ascienden a unos US$24.900 millones, entre capital e intereses. El programa financiero de Caputo contempla, entre otras fuentes, US$4200 millones de organismos internacionales, US$5000 millones de colocaciones en el mercado local y US$1500 millones provenientes de privatizaciones.