El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) solicitó a la Cámara alta que trate y apruebe el proyecto de ley que establece un Marco Regulatorio para el Mercado de Carbono, que obtuvo dictamen en comisión. Según la entidad, la iniciativa permitiría captar entre US$1400 y US$3900 millones anuales y apalancar inversiones por más de US$2000 millones.
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) celebró el avance en el Senado del proyecto de ley que busca establecer un Marco Regulatorio para el Mercado de Carbono, que obtuvo dictamen en comisión (Expedientes S-718, 808 y 865/26). En ese marco, pidió a los legisladores de la Cámara alta que traten y aprueben «de manera urgente el proyecto de ley de Mercados de Carbono». Según la entidad, «la iniciativa es clave para atraer inversiones por US$2000 millones y triplicar el valor de las exportaciones sostenibles de la agroindustria argentina».
Para el CAA, esto significa «un avance decisivo para consolidar la sostenibilidad, la previsibilidad y la competitividad del sector productivo nacional reconociendo el valor de los activos ambientales que genera el país».
En este contexto, destacaron que «la normativa consagra la propiedad de los créditos a favor de los titulares de los proyectos y respeta el dominio originario de los recursos y el federalismo ambiental, garantizando un esquema donde los aportes de mitigación destinados a mercados voluntarios puedan comercializarse libremente y sin autorizaciones administrativas previas ni trabas burocráticas».
Asimismo, valoraron «el otorgamiento de estabilidad fiscal por 10 años, la exención de Derechos de Exportación (DEX) y la creación de un Registro Nacional (ReNaRe) ágil, gratuito y declarativo que evita la doble contabilización sin transformarse en una aduana regulatoria, permitiendo canalizar financiamiento climático e integrar al agro argentino en los mercados globales con plena integridad ambiental y seguridad jurídica».
Según proyecciones del sector técnico y ambiental agroindustrial, el establecimiento de reglas claras para la comercialización de créditos de carbono le permitirá a la Argentina captar entre US$1400 y US$3900 millones anuales, además de apalancar inversiones territoriales directas por más de US$2000 millones en el mediano plazo.
Actualmente, según el CAA, el país cuenta con más de 40 proyectos en ejecución, restringidos de manera casi exclusiva a mercados voluntarios: «La aprobación de la norma y su articulación con los mercados regulados internacionales, como el artículo 6 del Acuerdo de París o el programa Corsia de la aviación comercial, permitirá duplicar la cantidad de desarrollos en el corto plazo y acceder a cotizaciones por tonelada de CO2 que triplican los valores actuales».
En este escenario, el CAA remarcó la importancia de actualizar la agenda climática soberana mediante la presentación de la NDC 3.0 de la Argentina ante la ONU: «La consolidación del Inventario Nacional de GEI y de metas de reducción transparentes resulta estratégica para dotar de validez y solidez técnica a las certificaciones nacionales. Este paso es imprescindible para integrar al país en los mecanismos del artículo 6 del Acuerdo de París (ITMOs) y garantizar que los desarrollos agroindustriales locales cumplan con los estándares de acreditación internacional requeridos por esquemas como Corsia».
Por último, Gustavo Idígoras, presidente del CAA, dijo que la agroindustria argentina reúne condiciones diferenciales únicas mediante el manejo de suelos, la ganadería regenerativa, la actividad forestal, la bioenergía y el biocarbón. «Pero, para transformar esa ventaja competitiva en inversión y empleo genuino, necesitamos previsibilidad e institucionalidad legal de manera prioritaria», cerró.