La empresa retomó las actividades de acopio bajo un operativo especial de seguridad. El Sindicato Único de Fleteros advirtió que podría extender las protestas a todos los puertos bonaerenses si no se resuelve la situación de 30 transportistas.
La empresa Cargill reanudó este martes las actividades de su planta de acopio en la localidad de Arribeños, partido de General Arenales, provincia de Buenos Aires, luego de más de dos meses de paralización. La compañía informó que la reapertura se realiza de manera controlada y con un operativo especial de seguridad dispuesto por las autoridades competentes.
La planta había suspendido sus operaciones el 3 de julio pasado, cuando la empresa consideró que no estaban dadas las condiciones de seguridad para continuar funcionando. En un comunicado, Cargill señaló que la reanudación «no implica que dicho conflicto haya sido resuelto ni constituye una solución definitiva».
El conflicto se originó a partir de la denuncia de unos 30 transportistas que, según el Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina, fueron apartados de la operatoria de la compañía como represalia después de denunciar un supuesto cobro irregular de comisiones. El gremio responsabilizó a Sergio Larovere, entonces tesorero de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac) y actual presidente de la Unión de Transportistas de Arribeños (UTA), por presuntos cobros de comisiones «en negro».
Según la versión del sindicato, tras esa denuncia los fleteros dejaron de recibir cargas y esos viajes comenzaron a ser asignados a camiones vinculados con Ramón Jatip, entonces presidente de Catac. Por eso calificaron la desvinculación como «arbitraria» y cuestionaron que Cargill haya reabierto la planta sin que esos 30 transportistas recuperaran su participación en la operatoria.
En marzo pasado, en una consulta periodística, Jatip rechazó las denuncias sobre presuntas irregularidades en el sistema de pagos y la existencia de comisiones. «Cada uno facturaba con sus propias facturas y cobraba sus fletes en sus cuentas corrientes. No había un transporte en el medio que cobrara o pagara», explicó. Además, aseguró que «nunca nadie los echó» y que la empresa «nunca echó a nadie en esa planta». También lamentó haber recibido amenazas con carteles intimidatorios.
El Sindicato Único de Fleteros advirtió que no descarta medidas gremiales de acción directa en la totalidad de los puertos bonaerenses ante la falta de una solución para los 30 transportistas. La entidad sostiene que Cargill renovó operaciones «sin haber resuelto el problema».
Por su parte, Cargill indicó que las medidas extraordinarias actualmente vigentes serán monitoreadas permanentemente por la compañía. «La continuidad de la operación dependerá de que existan condiciones seguras, estables y sostenibles en el tiempo», cerraron.
La empresa también destacó que el establecimiento genera empleo directo e indirecto, trabaja con más de 70 proveedores locales y mantiene una relación comercial de largo plazo con alrededor de 130 productores de la zona.
En otro orden, a fines de agosto pasado, el Ministerio de Justicia dispuso la intervención inmediata de la Catac por 180 días hábiles, con desplazamiento de sus autoridades, al advertir un cuadro de riesgo institucional y patrimonial. La resolución señaló un déficit promedio equivalente al 140% de los ingresos, incumplimientos en la presentación de estados contables —incluidos ejercicios de 2012, 2014 y 2020 a 2025— y la falta de medidas acreditadas para sanear la situación. La intervención quedó a cargo del abogado Gastón Gabriel Di Bella, quien deberá analizar la situación económica, financiera y patrimonial, administrar la entidad y evaluar la gestión de la conducción desplazada, pudiendo iniciar acciones civiles o penales si correspondiera.