El interventor saliente Alejandro Vilches envió a la Justicia dos informes técnicos que consignan diferencias de precios con el PAMI y otros organismos, productos no entregados y errores de categorización en la Agencia Nacional de Discapacidad durante la gestión Spagnuolo.
El Ministerio de Salud y el interventor de la exAgencia Nacional de Discapacidad (Andis), Alejandro Vilches, remitieron a la Justicia dos informes técnicos sobre compras realizadas durante la gestión de Osvaldo Spagnuolo. Los documentos, firmados el 15 de octubre de 2025 y el 10 de abril de 2026, consignan presuntos desvíos de precios de hasta 1972% en comparación con valores abonados por otras reparticiones públicas como el PAMI, además de productos no entregados y errores de categorización.
El primer informe, de octubre de 2025, analizó compras de válvulas pulmonares, prótesis, implantes cocleares, sillas de ruedas y neuroestimuladores. El segundo, de abril de 2026, incluyó insumos ortopédicos y referencias de mercado.
Entre los casos citados, el informe detalla el pago a Farma Salud del 8 de julio de 2025 por $425 millones por un sistema de válvulas bicaval transcatéter. Como comparación, señala que el PAMI adjudicó el mismo sistema a la firma Siprotec SA el 25 de marzo de 2025 por un valor unitario de $124.200.000. Otra comparación por endoprótesis y una válvula pulmonar autoexpandible arrojó una diferencia del 711% respecto del precio de compra del PAMI a otros proveedores.
En el segmento de implantes cocleares, el informe indica que el precio promedio abonado por unidad a Droguería Floresta fue de US$ 62.613, mientras que una adjudicación perfeccionada en septiembre estableció un valor unitario de US$ 12.125. La referencia de mercado se ubicaba alrededor de US$ 16.975 por unidad, lo que representa un incremento de US$ 45.638 por unidad, equivalente a un 269% por encima del precio estimado de mercado.
Respecto de la proveedora Indecomm, el informe señala que una factura (B 00001-00000958) fue abonada en dos oportunidades, ambas por $28,7 millones. En el caso de un neuroestimulador, se detectó una diferencia del 219%: Neurosalud recibió un pago de $132,4 millones en junio de 2025, mientras que el PAMI había adquirido un neuroestimulador implantable bilateral de batería no recargable a $41,5 millones por unidad un mes antes.
El segundo informe, de abril de 2026, consigna errores de categorización técnica: se facturaron unidades C01 a precios de entre $11 y $14,9 millones, cuando por su patología correspondían unidades D01 con Tilt, cuyos valores de referencia oscilan entre $1,3 y $2,3 millones. También cuestiona la adquisición de productos importados, señalando que los requerimientos terapéuticos podían ser cubiertos con equipamiento nacional de «superior durabilidad y ajuste anatómico» a menor precio. El documento analiza que «la insistencia en el uso de módulos importados con sobreprecios que oscilan entre el 300% y el 1000% de forma sistémica carece de sustento clínico y financiero».
El informe de abril también incluyó una factura por un andador con un presunto sobreprecio del 4239%. Desde la Ortopedia Bernat indicaron a LA NACION que, al menos hasta mayo, la factura estaba impaga y relataron: «Se contempló algo mucho más sofisticado y que se terminó entregando algo más sencillo, pero el circuito operativo continuó y se terminó facturando el mismo valor que lo adjudicado. Y no lo entregado».
Los informes de Vilches fueron incorporados a la investigación judicial, junto con un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que también detectó diferencias de precios entre distintas licitaciones dentro de la propia Andis. El fiscal federal Franco Picardi enfocó su acusación en un sistema de licitaciones presuntamente acotado, con menos oferentes, distinto al sistema de compulsas recomendado por las autoridades.
En sus descargos ante la Justicia, dos representantes de Farma Salud negaron haber realizado pagos indebidos a funcionarios y apuntaron contra un tercer accionista de la firma.