El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. propuso derogar la norma que obliga a los oficiales de inmigración a dar peso a aprobaciones previas en solicitudes de extensión de visas de trabajo. La medida afectaría a categorías como H-1B, H-2A, H-2B, TN y L-1, utilizadas por trabajadores latinos. El período de comentarios públicos finaliza el 13 de noviembre.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) propuso eliminar el principio de “deferencia” en las renovaciones y extensiones de visas de trabajo tramitadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis). La propuesta fue publicada en el Registro Federal y establece que los funcionarios ya no darían por válida una aprobación previa al evaluar una nueva solicitud.
La norma busca derogar formalmente la sección 8 CFR 214.1(c)(5) del Código de Regulaciones Federales, que instruía a los adjudicadores del Uscis a otorgar deferencia a las decisiones favorables anteriores cuando una empresa o trabajador presentaba una extensión utilizando el Formulario I-129 bajo los mismos hechos y partes involucradas.
Según el DHS, la regla actual trasladó la carga de la prueba hacia los oficiales de inmigración, quienes debían justificar por qué se desviaban de una aprobación previa en lugar de exigir que el solicitante probara su derecho al beneficio. Con la eliminación de la deferencia, cada solicitud de extensión será evaluada de manera exhaustiva e independiente, sin presumir que la decisión anterior fue correcta.
Visas afectadas e impacto en trabajadores latinos
El cambio aplicará a todas las clasificaciones de trabajadores no inmigrantes tramitadas mediante el Formulario I-129. Esto abarca categorías clave para la fuerza laboral hispana y profesionales internacionales:
- Visas H-1B: para profesionales en ocupaciones especializadas.
- Visas H-2A y H-2B: para trabajadores agrícolas y no agrícolas temporales.
- Visas TN: creadas bajo el tratado de libre comercio (T-MEC) y ampliamente utilizadas por profesionales de México.
- Visas L-1: para transferencias de ejecutivos o personal especializado intraempresarial.
- Visas E-1, E-2 y E-3: para inversionistas, comerciantes y profesionales calificados.
- Otras categorías: incluye visas O-1, P-1, P-2, P-3, Q-1 y R-1.
El análisis de impacto económico e institucional del DHS anticipa un incremento de 2,9 puntos porcentuales en la tasa de Solicitudes de Evidencia (RFE), lo que equivale a unos 6044 casos adicionales al año que recibirán peticiones extraordinarias de documentación. Las solicitudes que reciben una RFE enfrentan un tiempo medio de procesamiento de 64 días adicionales frente a las que se aprueban directamente.
Asimismo, se estima un costo anual directo de 133.987 dólares para los empleadores, proveniente de las horas de personal de recursos humanos y abogados necesarias para responder a los requerimientos adicionales.
La razón del cambio de normas y cuándo entraría en vigor
La política de deferencia fue implementada originalmente en 2004, revocada en 2017, reinstaurada en 2021 y codificada a finales de 2024. Según el DHS, los resultados fueron negativos, ya que presuntamente redujo el escrutinio de los casos e impactó en la capacidad de detectar aprobaciones erróneas o posibles esquemas de fraude.
Los datos del Uscis citados por la agencia muestran que durante los períodos sin deferencia se identificaron menores porcentajes de incumplimiento y fraude en visitas a sitios de trabajo de programas como H-1B y L-1A.
Tras la presentación de la norma, el público, las organizaciones civiles y los empleadores tienen hasta el 13 de noviembre a las 23:59 hs (hora del Este) para enviar comentarios escritos sobre la reglamentación propuesta a través del portal oficial.
Una vez concluido el plazo, el DHS y el Uscis deben evaluar los comentarios recibidos. Si la agencia decide seguir adelante, deberá redactar y publicar una regla final en el Registro Federal. La fecha exacta en que la eliminación de la deferencia comenzaría a aplicarse se fijará y anunciará formalmente dentro de esa Regla Final.