El Gobierno porteño preadjudicó la concesión de la AM 1110 y la FM 92.7 a la unión transitoria de Green Umbrella y JR Comunicaciones. La decisión se produce en medio de cuestionamientos de trabajadores y un conflicto judicial. Persisten dudas sobre el traspaso del Canal de la Ciudad a Cale Group.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires preadjudicó la concesión de las radios públicas Once Diez (AM 1110) y 2×4 (FM 92.7) a la unión transitoria entre Green Umbrella y JR Comunicaciones. La Comisión Evaluadora otorgó mayor puntuación a esta oferta, según un documento fechado al 30 de octubre y firmado por Agustín González Calderón, director general de Concesiones y Permisos del GCBA.
Ofertas y argumentos de la Comisión Evaluadora
La productora de los hermanos Rodrigo y Guido Morán ofertó $2,5 millones por mes para cada frecuencia. Rodolfo Herrera igualó ese monto para la FM, mientras que Kligger ofreció el valor mínimo propuesto por el Gobierno ($1.530.000) para cada radio. Las ofertas de Herrera y Kligger fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos de los pliegos: en el primer caso, por no contar con capacidad patrimonial para financiar la inversión; en el segundo, por no presentar documentación respaldatoria sobre personería, requisitos administrativos-legales y plan económico-financiero-técnico.
La UTE Green Umbrella-JR Comunicaciones presentó ofertas para ambos renglones (AM y FM), cumplió con los requisitos económicos y el plan de inversión, respaldado con información sobre la fuente de financiamiento, lo que le valió mayor calificación final pese a no acreditar perfiles del equipo humano con la experiencia mínima requerida.
Condiciones para el gerenciamiento
El pliego establece que la empresa ganadora deberá hacerse cargo de «todas las tareas, actividades y gestiones necesarias para asegurar su correcto funcionamiento» y garantizar una programación «regular y eficiente». A cambio de un canon, podrá usar la frecuencia y los bienes propiedad del gobierno porteño (instalaciones y equipamiento), con responsabilidad ante eventuales incumplimientos de cuidado o mantenimiento.
Para la AM 1110 se deberá emitir durante 24 horas, todos los días, con alcance en la Ciudad y en todo el país, garantizando la oferta educativa, cultural y turística del Gobierno porteño. Para la FM 92.7 la emisión será sin interrupciones y circunscripta a la Ciudad, con programación «íntegramente» de tango y música popular argentina, reflejando también nuevas expresiones y tendencias artísticas. Según las evaluaciones, la UTE no detalló cómo estará compuesta la programación para las franjas de 12 a 6 en AM y de 12 a 7 en FM, incumplimiento que no impidió la preadjudicación.
La Comisión Evaluadora destacó que el gerenciamiento de ambas radios quede bajo un mismo concesionario, lo que redundará «en una mayor eficiencia y facilidad en la operatoria del servicio» y permitirá optimizar «los recursos técnicos y humanos» y «la coordinación integral de la programación» frente al Gobierno porteño y las tareas de control.
Dudas sobre Cale Group y el Canal de la Ciudad
La concesión de las radios se enmarca en un plan del gobierno de Jorge Macri que abarca también al Canal de la Ciudad, adjudicado a Cale Group (dueña de los streaming Blender y Carajo), cuyo traspaso estaba previsto para fines de octubre y aún no fue firmado. La compañía ganó la licitación con una oferta de $50 millones mensuales por cinco años, equivalente a unos $3.000 millones para los 60 meses, superando los $15 millones por mes de Argentinos Media, de Marcelo González, dueño de la AM950. En los pasillos del Gobierno porteño crecen las dudas respecto a si la empresa vinculada al empresario misionero Augusto Marini se hará cargo del gerenciamiento; versiones indican que evalúa desistir de la oferta presentada.
Descontento de trabajadores y conflicto judicial
En cuanto a las radios, crece el descontento al interior de la AM y la FM respecto al intento de concesión. Luego de recibir un dictamen del fiscal de cámara Rodrigo Cuesta, los trabajadores aguardan un fallo favorable de la Sala III de la Cámara de Apelaciones que revierta la decisión de la jueza Macarena Marra de no dictar una cautelar para frenar el proceso. Asimismo, se prepara un nuevo intento de impugnación contra el proceso licitatorio por fuera de la causa iniciada en el juzgado de Marra.
Mediante la concesión, el jefe de Gobierno apunta a desprenderse temporalmente de la administración de los medios públicos con el fin de achicar el rol del Estado y reducir el gasto público, en un contexto de caída en la recaudación por el deterioro de la actividad porteña y de reordenamiento del discurso y las prioridades del PRO frente al avance de los libertarios en el distrito.