Tres denuncias penales por los préstamos otorgados por el Banco Nación a integrantes de La Libertad Avanza serán acumuladas en un mismo juzgado federal. Se investigan posibles irregularidades en el proceso.
Tres denuncias penales presentadas en Comodoro Py por los créditos hipotecarios que el Banco Nación otorgó a al menos nueve funcionarios y diputados del espacio La Libertad Avanza quedarán radicadas en el juzgado federal de Ariel Lijo, por conexidad. Las presentaciones solicitan investigar posibles delitos como fraude al Estado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Los créditos, que en algunos casos alcanzaron montos equivalentes a 315.000 dólares, generaron interrogantes sobre la existencia de irregularidades, condiciones preferenciales o excepciones a las normas en su otorgamiento. La primera denuncia fue radicada la semana pasada en el juzgado de Lijo, mientras que una segunda fue asignada a Daniel Rafecas y una tercera a María Eugenia Capuchetti, pero todas serán unificadas.
El fiscal a cargo de la investigación será Gerardo Pollicita. El magistrado Ariel Lijo, quien ya lleva la causa por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumará este nuevo caso.
Las denuncias coinciden en señalar una presunta maniobra que podría haber generado un perjuicio para el Estado, con un monto total cuestionado que ronda los 2.500 millones de pesos. Entre los puntos a investigar, se encuentra la posible «desproporción entre ingresos y monto de los créditos» y si hubo «dictámenes desfavorables» que no fueron tenidos en cuenta.
En su denuncia, la diputada nacional Mónica Frade (Coalición Cívica) argumentó que, de comprobarse que la posición política o los vínculos influyeron en la aprobación, podría configurarse el delito de tráfico de influencias. También mencionó la posibilidad de una «administración fraudulenta» y un «claro abuso de poder».
El Banco Nación, por su parte, emitió un comunicado defendiendo su gestión. Afirmó que «nueve de cada diez créditos hipotecarios en la Argentina los otorga esta institución» y que se han otorgado más de 27 mil préstamos desde el lanzamiento de la línea. Destacó que el proceso es «homogéneo, sin excepciones» y aclaró la existencia de una línea específica para empleados públicos, «+Hogares sector público», que financia hasta el 90% de la vivienda.
Entre los beneficiarios mencionados en las denuncias se encuentran Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía; Federico Furiase, secretario de Finanzas; Juan Pablo Carreira, director nacional de Comunicación Digital; Emiliano Mongilardi, director de YPF; y los diputados Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde, entre otros.