A través de la Resolución 14/2026 del ERAS, se establece un tope del 3% mensual en las tarifas de Aysa, reduciendo el ritmo de incrementos sin detener la recomposición tarifaria.
El Gobierno dispuso que el esquema de aumentos de las tarifas de agua se modere a partir de mayo de 2026, mediante una medida que redefine la dinámica de incrementos mensuales en el servicio prestado por Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa). La decisión se formalizó mediante la Resolución 14/2026 del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), publicada este lunes en el Boletín Oficial.
Hasta abril de 2026, las tarifas se ajustaron con incrementos mensuales efectivos de hasta 4%, mientras que desde mayo el nuevo esquema fija un tope del 3% mensual para las subas. De este modo, el regulador introduce una menor velocidad en los aumentos sin interrumpir el proceso de recomposición tarifaria.
La resolución modifica el esquema definido en la Resolución ERAS 53/2025, que había restablecido el mecanismo de actualización tarifaria luego de un período de subas limitadas durante 2025. Según surge del expediente administrativo, el organismo evaluó la evolución económica de la concesión y el impacto de los incrementos sobre los usuarios antes de definir el nuevo criterio.
El cambio se vincula con la aplicación del denominado “Coeficiente de Modificación K”, que determina la evolución de las tarifas del servicio. Ese coeficiente había sido establecido en 2024 por la Secretaría de Obras Públicas, tras una audiencia pública en la que se definieron los parámetros para sostener el equilibrio económico y financiero de la concesión.
Durante 2025, las autoridades habían limitado de forma excepcional las subas a un máximo del 1% mensual. Ese esquema generó, según se indica en el texto de la normativa que planteó Aysa, un “atraso tarifario” que derivó en una importante pérdida de ingresos e implicó dificultades para sostener el servicio. Frente a ese escenario, el ente regulador dispuso a fines de 2025 un proceso de convergencia para recomponer gradualmente los ingresos de la concesionaria.
La propuesta original contemplaba recuperar la brecha tarifaria en un plazo más acotado, con incrementos mensuales de mayor magnitud. Sin embargo, el análisis posterior incorporó el impacto económico sobre los usuarios y la evolución de las variables macroeconómicas. De acuerdo con la información presentada por la concesionaria, la brecha tarifaria se redujo del 21,05% en diciembre de 2025 al 12,26% en abril de 2026, sin alcanzar aún el nivel previsto.
La decisión implica que la recomposición tarifaria continuará durante un período más prolongado, con una finalización estimada hacia 2027. En paralelo, la resolución mantiene los mecanismos de protección vigentes, como la tarifa social para usuarios en situación de vulnerabilidad y los descuentos aplicados según coeficientes zonales. Asimismo, el organismo instruyó a la concesionaria a presentar informes sobre su situación económico-financiera correspondientes al primer y segundo trimestre de 2026, con el objetivo de monitorear la evolución del proceso tarifario y evaluar eventuales ajustes.