Legisladores oficialistas dieron por finalizado el concurso público para cubrir la vacante en la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo que abrió un debate sobre la legalidad del procedimiento.
En el marco de una mayoría consolidada en ambas Cámaras, La Libertad Avanza tomó una decisión que revierte un avance legislativo de 2025. Este jueves, un grupo de legisladores libertarios decidió dar por finalizado el concurso público para designar a la presidenta de la Defensoría de la Niñez, cargo vacante desde el año pasado. La medida dejó sin efecto la candidatura de María Paz Bertero, que ya contaba con media sanción en Diputados.
La comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presidida por la senadora Vilma Bedia (LLA) y con el diputado Nicolás Mayoraz (LLA) como vicepresidente, firmó la interrupción del proceso. La oposición denunció una maniobra para garantizar la acefalía del organismo. Según el peronismo, la distribución de las comisiones bicamerales es materia de judicialización: de las nueve conformadas en los últimos diez días, siete quedaron bajo presidencia libertaria.
El argumento oficialista fue que transcurrieron 180 días desde la postulación de la terna, plazo que consideran vencido. Sin embargo, desde la oposición señalaron que la norma no especifica si esos días son hábiles, legislativos o corridos, y recordaron que en la designación de la anterior defensora, Marisa Graham, no se aplicó ese criterio. Además, destacaron el perfil conservador de los cinco legisladores libertarios que votaron por la finalización del concurso, quienes se oponen a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
La vacancia del organismo afecta la atención de urgencias en la infancia. Según el informe de Deuda Social de la Infancia de la UCA (2025), el 28,8% de los menores sufre inseguridad alimentaria, el 61,2% carece de cobertura de salud, y el 37,5% tiene privaciones en vestimenta. El plan de trabajo de la terna proponía fortalecer el sistema de protección integral, salud mental, prevención de deserción escolar y una “Ruta de protección en Internet” contra delitos digitales.
La senadora Nadia Márquez (LLA) celebró la decisión, mientras que el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) sostuvo que la media sanción del dictamen no perdió estado y que el Senado debe aceptar o rechazar la propuesta. La terna paralizada expresó “angustia y decepción” por la medida.
