La funcionaria del Gobierno de Gustavo Petro presentó una denuncia formal contra su exasesor Miguel Ángel Ospino por presunto intento de homicidio.
La funcionaria del Gobierno de Gustavo Petro, Angie Rodríguez, interpuso formalmente una denuncia contra Miguel Ángel Ospino, que se desempeñó como su asesor en el Fondo Adaptación y anteriormente ocupó cargos en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
Según información recogida por Semana, la acusación se centra en un presunto intento de homicidio mediante la administración de “supuestas vitaminas” y “pastas para el dolor de cabeza” que, de acuerdo con la denunciante, habrían sido suministradas por Ospino.
En el documento radicado ante la Fiscalía, Rodríguez expone: “Por medio del presente escrito acudo a su Despacho para formular denuncia en contra del señor Miguel Ángel Ospino, por la presunta comisión del delito de homicidio en grado de tentativa y aquellos punibles que el ente investigador determine en el marco de sus competencias”.
La denuncia, conocida por el medio citado, destaca la preocupación de la gerente del Fondo Adaptación respecto a su integridad física y la necesidad de que las autoridades investiguen los hechos.
Solicitudes de protección y acompañamiento institucional
En paralelo a la denuncia penal, la gerente del Fondo Adaptación presentó dos peticiones adicionales el 29 de mayo. Una fue dirigida a la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, solicitando acompañamiento preventivo y protección de sus derechos fundamentales.
La otra fue remitida a la Presidencia de la República, demandando claridad sobre las medidas que se han implementado para resguardar su seguridad personal y su derecho al trabajo.
En estos documentos, Rodríguez señala: “Me permito poner en conocimiento una serie de hechos que considero relevantes para la protección de mis derechos fundamentales a la vida, integridad personal, honra, buen nombre y libertad de expresión”.
La funcionaria hace referencia a la reciente expedición de una directiva presidencial que introduce nuevos lineamientos para las vocerías dentro del Ejecutivo, y manifiesta su inquietud por posibles escenarios de retaliación institucional o restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión tras sus declaraciones públicas.
Rodríguez solicitó: “Acompañamiento preventivo institucional frente a los hechos denunciados, vigilancia especial sobre posibles actuaciones que puedan afectar mis derechos fundamentales, recomendaciones de protección y preservación de garantías, y verificación de eventuales riesgos para mi seguridad e integridad personal”.
Además, exigió que la respuesta oficial sea “de fondo, completa, verificable, motivada y soportada en documentos, actos administrativos y actuaciones institucionales concretas”.
Acusaciones sobre corrupción y presuntas redes delictivas
La polémica en torno a Angie Rodríguez se intensificó tras sus declaraciones públicas en las que reveló la existencia de un supuesto entramado de corrupción dentro del Gobierno nacional. Semana informó que la funcionaria denunció presiones, amenazas y maniobras de constreñimiento vinculadas a disputas internas por el control del Fondo Adaptación, cuyo presupuesto supera los $1,2 billones.
En su declaración, Rodríguez mencionó como presunta líder de esta red a Juliana Guerrero, a la que le atribuye influencia en varias entidades del Estado, incluyendo el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y otros fondos estratégicos. Según la gerente, más de 20 personas formarían parte del grupo señalado por “concierto para delinquir”.
También vinculó al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, con supuestas acciones de seguimiento dentro de la entidad. Carrillo, en respuesta, calificó las acusaciones de graves y afirmó que estas deben ser sustentadas con pruebas, sugiriendo que podrían formar parte de una estrategia mediática.
Actualmente, Angie Rodríguez continúa presentándose ante las autoridades y ampliando detalles sobre los hechos denunciados, que incluyen la existencia de una presunta red criminal con operaciones en la Casa de Nariño y otras entidades del Gobierno.