Cada 2 de junio, Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria, resurge el debate sobre si la normativa sancionada en 2021 fomenta estas enfermedades.
Cada 2 de junio se conmemora el Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA). En ese contexto, reaparece una discusión sobre la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como Ley de Etiquetado Frontal, sancionada en octubre de 2021. Sectores detractores de la norma sostienen que fomenta los TCA, mientras que sus defensores afirman que la información no genera trastornos alimentarios.
Según quienes defienden la ley, los TCA son enfermedades graves, multifactoriales y con consecuencias potencialmente serias para la salud. Argumentan que la información no genera un trastorno alimentario, ya que estos tienen causas complejas vinculadas a factores biológicos, psicológicos, familiares, sociales y culturales. Señalan que en los TCA, la comida no es el problema central sino el síntoma más visible.
Los defensores de la normativa afirman que reducir el problema a la presencia de un octógono en un envase simplifica una realidad más profunda. Plantean que si realmente se busca abordar los TCA, se debería discutir el acceso a equipos interdisciplinarios, tiempos de espera para recibir atención, cobertura efectiva de tratamientos, formación profesional y estrategias de prevención en el ámbito escolar.
Quienes trabajan en la implementación de la ley aclaran que no se busca demonizar a la industria alimentaria ni catalogar alimentos como buenos o malos. Sostienen que los octógonos no prohíben, no castigan ni obligan a consumir o dejar de consumir un producto, sino que informan. Consideran que la información es una condición necesaria para que las personas puedan ejercer su libertad de elección.
Reconocen que toda política pública es perfectible y que si hay aspectos de la ley que deben revisarse, deberían discutirse con evidencia y transparencia. Afirman que revisar una norma no debería significar perder herramientas que han contribuido a mejorar el acceso a la información alimentaria. Concluyen que se necesita más educación alimentaria, más acceso a la atención en salud y más información clara para las personas.